Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, salieron ayer de nuevo a la calle con una concentración junto a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía. El personal ha solicitado a la Administración autonómica que no se renueve la adjudicación del transporte sanitario con ambas compañías por su lista interminable de incumplimientos con su personal.
El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas. “Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.
Este representante sindical ha denunciado también el “clima de miedo” existente entre los profesionales, a los que no se les está aplicando el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por el temor a ser despedidos por cualquier motivo sin justificación. No en vano, gran parte de estas salidas son reconocidas como improcedentes por la Justicia, obligando tanto a SSGA como a UTE TSI a reintegrarles en la plantilla o a indemnizarles. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.
Asimismo, la plantilla del transporte sanitario, formada por unas 350 personas, se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio.
“Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más cuando hay hasta seis sentencias judiciales y una decena de requerimientos de la Inspección de Trabajo que consideran que las formas de actuar de las adjudicatarias con su personal y con el servicio en general no son las adecuadas”, ha recalcado Rosa. El representante sindical ha agregado que continuarán movilizándose hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.
La salud pública no puede gestionarse desde el recorte, la precariedad y la falta de control
Por su parte, el sindicato CTA denuncia la grave situación que atraviesa el transporte sanitario en Córdoba, gestionado por una empresa adjudicataria que, a juicio de esta organización sindical, viene incumpliendo de manera reiterada las condiciones establecidas en la licitación pública del Servicio Andaluz de Salud.
Estos incumplimientos no solo afectan a las condiciones laborales de la plantilla, sino que repercuten directamente sobre la ciudadanía. La falta de ambulancias en el servicio programado está provocando retrasos constantes en traslados de
pacientes para consultas médicas, rehabilitación, diálisis, radioterapia y hospitales de día, deteriorando la calidad asistencial que merecen los usuarios de un servicio público esencial.
Resulta especialmente preocupante que las mesas de seguimiento y los organismos encargados de supervisar el contrato continúen mirando hacia otro lado ante una situación que se mantiene desde hace tiempo. El silencio institucional y la falta de medidas correctoras convierten a quienes tienen la obligación de vigilar el cumplimiento del servicio en responsables indirectos del deterioro que sufren tanto pacientes como profesionales.
Desde CTA llevamos denunciando esta situación desde el primer momento. Hemos defendido los derechos de los Técnicos en Emergencias Sanitarias en los tribunales, obteniendo sentencias firmes relacionadas con la devolución de derechos adquiridos, así como resoluciones del Tribunal Supremo por incumplimientos del convenio colectivo. Del mismo modo, existen actuaciones y
requerimientos de la Inspección de Trabajo relacionados con contrataciones en fraude de ley dentro del sector.
No podemos olvidar que esta empresa presta un servicio financiado con dinero público y destinado a garantizar la atención sanitaria de la población. Por ello, exigimos al Servicio Andaluz de Salud y a las administraciones competentes que actúen con responsabilidad, fiscalicen de manera real el cumplimiento de la licitación y garanticen tanto una atención digna a los pacientes como unas condiciones laborales justas para los trabajadores del transporte sanitario.