La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas ha elaborado una guía jurídica para orientar en la constitución de comunidades energéticas en entornos vulnerables. El Gobierno andaluz tiene entre sus prioridades el desarrollo y fomento de las comunidades energéticas, tal y como se recoge en la Estrategia Energética de Andalucía 2030, el instrumento de planificación energética de la Junta de Andalucía para la próxima década.
Las comunidades energéticas son agrupaciones de personas, pymes, ayuntamientos…, que se unen para generar, gestionar, almacenar y consumir su propia energía renovable de forma colectiva y colaborativa. Son instrumentos muy útiles para abordar la transición energética y reducir la pobreza energética.
A buen ritmo, en Andalucía empiezan a constituirse comunidades energéticas. Así, en Córdoba, las iniciativas han comenzado a despertar. De hecho, gracias al convenio de colaboración firmado entre la Diputación, Faecta y Ekiluz, en la provincia existen más de una quincena de comunidades energéticas que están en trámite o próximas a constituirse.
Las formas jurídicas que recomienda la guía, tras un completo análisis de las distintas figuras jurídicas existentes en la normativa nacional y andaluza, son la asociación y la cooperativa por respetar los principios de participación, abierta, voluntaria y cuyo control efectivo es de los socios o miembros de la comunidad.
El documento define el proceso llevado a cabo para poder constituir una comunidad energética basada en un caso práctico que va a permitir que, gracias a dos instalaciones fotovoltaicas ubicadas en dos colegios públicos del barrio sevillano de Torreblanca -uno de los más pobres de España según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística -, 14 familias reciban energía de forma gratuita, ahorrando hasta un 40% de su factura eléctrica, además de abastecer a los dos centros educativos donde se ubica.
El papel de las administraciones locales
En este sentido, la guía desarrolla un análisis de los instrumentos que tiene la Administración local para impulsar las comunidades energéticas, incluida su participación directa como miembro, socio o integrante de las mismas.
En la guía que ha publicado la Agencia de la Energía se analiza la cesión del uso de edificios o solares de titularidad municipal en las que se puedan implantar las instalaciones de producción de energía eléctrica (opción que ha sido la más empleada por los ayuntamientos hasta el momento), la aplicación de medidas de política tributaria, el impulso de mecanismos de financiación participativa, las mejoras en el planeamiento municipal para facilitar el desarrollo de las comunidades de energía o la creación de oficinas de asesoramiento.
Caso práctico en el barrio sevillano de Torreblanca
La Agencia, como líder del proyecto europeo Interreg POWERTY, tenía entre sus responsabilidades ayudar a la puesta en marcha de una comunidad energética, junto a la Asociación Torreblanca Ilumina, en el barrio sevillano de Torreblanca, experiencia que se recoge ahora en esta guía jurídica.
Las comunidades de energía se postulan como una de las soluciones para luchar contra la pobreza energética, tal y como recogen las directivas europeas que instan a los estados miembros a aprovechar adecuadamente esa oportunidad garantizando que la participación en las comunidades de energías renovables sea accesible a todos los consumidores, incluidos los hogares con ingresos bajos o vulnerables.
En el conjunto nacional, en 2019 un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y un 6,6% tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda. Sin embargo, la última actualización de estos indicadores correspondientes al año 2021 publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elevan estos porcentajes al 14,3% y 9,5%, respectivamente.
