Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, que suponen el 93% del conjunto del personal que compone la Administración de Justicia, iniciarán el próximo lunes, 22 de mayo, huelga indefinida por una subida salarial acorde con las funciones que realizan.
CSIF –el sindicato convocante mayoritario en Córdoba, en Andalucía y a nivel nacional- espera “que haya una participación masiva contra la discriminación hacia este colectivo frente a otros por parte del Ministerio, que desgraciadamente no ha puesto sobre la mesa una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras”.
Así lo pone de manifiesto el responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, quien ha participado hoy en la Ciudad de la Justicia en una asamblea informativa a la plantilla de estas movilizaciones. Según recuerda, el último contacto del departamento que dirige Pilar Llop con los representantes de estos trabajadores tuvo lugar el 24 de abril y, desde entonces, la titular del ramo “ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos”.
El representante sindical de CSIF subraya que los funcionarios –unos 750 en Córdoba, 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España—están siendo tratados como “funcionarios de segunda” frente a otros cuerpos, y destaca que “llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, de forma que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”, argumenta.
Dicha huelga indefinida a partir del lunes, a la que seguirá una gran manifestación prevista en Madrid el día 25, ha estado precedida desde el pasado mes de abril por distintos paros parciales y jornadas de huelga de 24 horas, así como distintas movilizaciones paralelas como concentraciones en dependencias judiciales y manifestaciones, en un endurecimiento progresivo de las acciones de protesta y sin que el Ministerio de Justicia haya dado ningún paso que permitiera avanzar en la resolución de este conflicto.
Los sindicatos convocantes –CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario y que sitúa entre los 350 y los 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Los sindicatos han registrado en La Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y también a negociar la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios.
