El pasado día 11 de enero, se trataron en el Pleno del Ayuntamiento de Montilla tres
asuntos que afectan al Servicio de Ayuda a Domicilio en Montilla de forma directa:
El primer asunto fue la renovación por un año del contrato para la prestación del servicio. Cuestión que no es pacifica en absoluto. Puesto que el pliego de condiciones que regula la licitación pone como requisito esencial que la empresa cumpla con la legislación laboral vigente.
La Empresa tiene decenas de sentencias condenatorias por no cumplir con la legislación vigente, incluso con multas por los Juzgados de lo Social por el derecho de indemnidad, es decir, que el Juzgado de lo Social ha entendido que a la trabajadora se le ha perjudicado por reclamar sus derechos judicialmente. Y la empresa ha sido multada en varias ocasiones y ha sido multada por incumplir sentencias. Y ahora mismo tiene un plazo dado por el Juzgado de lo Social para que ejecute una Sentencia en concreto la de no pagar los desplazamientos entre usuarios.
Los servicios sociales, han hecho un informe, en el que acreditan (según informaron en el Pleno Municipal), que MONSECOR S.L. no tiene ningún incumplimiento del pliego de condiciones. Cuestión que es totalmente falsa.
Los grupos municipales del PSOE y PP, a sabiendas de estas circunstancias renovaron el contrato por un año, I.U. no lo hizo.
El segundo asunto, es que retrajeron la subida del precio hora al mes de enero del 2023, por lo que el servicio paso de costarnos a los contribuyentes de 3.008.000 Euros, (tres millones ocho mil euros) a 3.800.000 Euros. Es decir, que como liquidación del año 2023 el Ayuntamiento le va a meter a Monsecor s.l. cerca de 800.000 €. Más de 132 millones de las antiguas pesetas.
Cuestión que también entendemos que es de dudosa legalidad, puesto que el propio pliego de condiciones, y la propia ley de contratos de trabajo, deja claro que está prohibido el supuesto restablecimiento del equilibrio económico de la concesión administrativa de los servicios públicos.
Aquí curiosamente, todos los partidos políticos votaron a favor. Consenso que tanto les gusta.
Y en tercer lugar se fijó el precio del servicio para el año 2024 en 3.800.000 euros por una supuesta ampliación del servicio que el Gobierno Municipal no concretó en que iba a
consistir.
Por último agradecer la posición de I.U. en el primer punto, y en la defensa de la gestión del servicio público de la Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento. Y no por empresas privadas que se dedican a crear precariedad laboral y especular con los servicios
públicos.
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