El texto, suscrito en Granada, advierte al Gobierno central de las repercusiones económicas y sociales negativas que conllevará para Andalucía, que se estima en el cierre de unas 100.000 empresas y pérdidas de 300.000 puestos de trabajo
La Disposición Transitoria III de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, que establece que todos los negocios que tengan un contrato de arrendamiento sujetos a renta antigua, firmado con anterioridad a mayo de 1985, deberán actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre.
Consecuencias de la aplicación
Según la declaración, a partir del 1 de enero de 2015, «inevitablemente, se producirá el cierre masivo de miles de empresas fuertemente arraigadas en nuestras ciudades, que en el mejor de los casos se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta de tal magnitud, que en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica, harán inviable su supervivencia».
En concreto, el texto afirma que la decisión del Gobierno central de aplicar el fin de la moratoria puede provocar «la posibilidad de cierre de más de 100.000 empresas de, al menos, 30 años de antigüedad, que han participado en el desarrollo histórico, social y económico de las ciudades» y «repercutirá en todas las industrias relacionadas con el sector, proveedores, auxiliar y servicios, que verán reducida drásticamente su cartera de clientes». Igualmente, la declaración alerta de que «más de 300.000 personas se verán abocadas a la pérdida de su puesto de trabajo».
Según recoge el manifiesto, otra consecuencia para el sector será la «desertización de las ciudades con la consiguiente degradación urbanística de sus principales ejes comerciales», lo que generará «un incremento en la percepción de inseguridad para el turismo y la ciudadanía». Asimismo, se advierte de los perjuicios para el consumidor, que «perderá la atención personalizada, sufrirá un encarecimiento de los precios y verá limitada su posibilidad de compra de proximidad».
Petición de modificación de la ley
Las organizaciones firmantes solicitan al Gobierno central la modificación de la Disposición Transitoria III de la LAU en los siguientes términos:
Introducción de una nueva moratoria de diez años en todos los casos de arrendamiento de local de negocio, procediendose a una actualización de la renta calculando la diferencia entre el incremento de los últimos 20 ejercicios del IPC de arrendamientos urbanos a fecha del 31 de diciembre de 2014 y el aumento del IPC general ya aplicado, utilizándolo en adelante como el índice corrector para anualidades futuras
Que la indemnización recogida en la Disposición Transitoria sea de 18 mensualidades de la renta rechazada por el inquilino en todos los casos y que el arrendador tenga la obligación de presentar una oferta al arrendatario en los 30 días siguientes al fin de la moratoria.
La declaración conjunta en defensa del comercio andaluz y contra el fin de la moratoria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para los alquileres de renta antigua esta firmada por
- Rafael Rodríguez, Consejero de Turismo y Comercio J.A.
- Manuel García-Izquierdo, Presidente de la CECA.
- Rosa María Martínez, Vicepresidenta de CEPES-Andalucía.
- Antonio Cardeña, secretario general de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT-A.
- Gonzalo Fuentes, secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-A.
- Ángel Rodríguez, portavoz de la plataforma ‘No al cerrojazo’.
- Emilia Martínez, presidenta de Al-Ándalus Granada.
- Olga Ruiz, presidenta de Facua-A.
- Inmaculada Rodríguez, presidenta de UCA-UCE.
