USO apuesta por una subida del SMI de 59,40 euros mensuales, 831,60 euros anuales, que corrija poco a poco la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con los salarios más bajos.
“Ni 3 % del AENC ni 3,8 % de IPC medio. Los productos más básicos, en los que se gastan el salario los trabajadores con ingresos mínimos, han subido mucho más del doble que la media de la inflación. Por eso, desde USO proponemos que la subida del SMI sea del 5,55 % para 2024”, señala Joaquín Pérez, secretario general de la Unión Sindical Obrera.
Este 5,55 % es resultado del IPC medio de 2023, 3,8 %, corregido al ponderar al doble el peso de los tres grupos básicos que componen la inflación: alimentación, vivienda y transporte. “No es una petición descabellada, sino que la consideramos más que coherente y aceptable. Todos sabemos que esos grupos han subido incluso el triple que la inflación general”, defiende el dirigente de USO.
Joaquín Pérez es muy crítico con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que se ha esgrimido para capar la subida del SMI. “El AENC no es una guía, es un tapón para la negociación colectiva, que topa en el 3 % la subida, cuando la inflación media ya es de por sí superior. Es normal que la patronal saque el acuerdo en esta negociación, es su trabajo. Por eso pedimos a UGT y CCOO que no cercenen las posibilidades negociadoras en mesas y comités, que no nos llegue la patronal a decir que hemos firmado un 3 %, porque no lo hemos firmado todos. Y, sobre todo, que no se quiera aplicar a los trabajadores de ingresos más bajos.
Nuevas políticas para desempleados de larga duración y mayores de 45 años
El anuncio hecho por el secretario de Estado de Economía en cuanto a recortar el subsidio por desempleo, elevando la edad de acceso a 60 años y reduciendo el periodo de cobro de la ayuda a 12 meses, ha encendido la alarma.
En este sentido, USO lleva tiempo alertando de la ineficacia de las políticas a favor del empleo de parados de larga duración y para mayores de 45. “Las políticas activas de empleo han desperdiciado cientos de millones con un resultado muy decepcionante. Y, de nuevo, la solución a esas malas políticas, ahora, quieren que las paguen las propias víctimas”, critica Pérez.
El colectivo al que se dirige este subsidio son personas expulsadas del mercado laboral, que tienen serias dificultades para volver a él y para los que las distintas Administraciones no han tenido respuesta. “No se les debería señalar, se les debería proteger y facilitar su incorporación. Por ello, USO defiende que, de forma transversal, se pongan en marcha otras políticas a medio plazo, de incentivos en su contratación, formación realmente dirigida a los nichos de empleo y garantizando que no caigan en la exclusión o pobreza severa que les atrapa aún más en esa situación”, defiende el secretario general de USO.
“La anterior legislatura se cerró sin los deberes hechos. Había un compromiso del Ministerio de Trabajo para reformar el sistema de protección por desempleo asistencial, mejorando el subsidio de desempleo y su gestión, los criterios para el acceso, y la cobertura de los mismos, ampliándola. Pero ahora se quiere ir en otra dirección, lanzando la sospecha de que los perceptores no quieren trabajar. Para obligar a una persona a aceptar el empleo que sea, el propio SEPE tiene que ser un órgano activo y analizar que esas ofertas son dignas: que no haya jornadas ridículas, que no sean de unos días, que no obliguen al trabajador a desplazarse…”, exige Pérez.
Joaquín Pérez recuerda que las prestaciones ya sufren, después del primer semestre de recepción, una caída hasta los 480 euros como máximo. “Un montante puramente asistencial, siendo muy común que sea menor al proceder de empleos con jornadas parciales”.
Por último, “desde USO consideramos que se deben unificar, de una vez, los subsidios y no que sigan siendo un enredo incomprensible para mucha gente. A ello sumamos que se debe suprimir la necesidad de optar, si se aprueba una nueva prestación sin haber agotado la anterior, entre continuar con el cobro de la prestación antigua o percibir la nueva. Las prestaciones no agotadas se deben acumular a la nueva que se pueda generar, manteniendo el máximo de 2 años”.
