La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha comenzado a ejecutar en el mes de marzo la Campaña de inspección y control básico de establecimientos, la cual forma parte del Plan de Inspección de Consumo.
Se trata de una campaña de ámbito autonómico en la que todas las delegaciones territoriales de Salud y Consumo inspeccionarán establecimientos de productos alimenticios, mercados de abastos, productos no alimenticios y los que ofrecen servicios a las personas consumidoras y usuarias, así como del control de bolsas de plástico con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente.
Las actuaciones inspectoras se desarrollarán hasta el mes de diciembre, y se controlarán, al menos, 2.460 establecimientos de la Comunidad Autónoma. Se vigilará que dichos establecimientos cumplan los preceptos básicos establecidos en la legislación. En este sentido, el personal inspector de los Servicios Provinciales de Consumo:
- controlará en los establecimientos y mercados de abastos la existencia de la hoja de quejas y reclamaciones, así como del cartel anunciador obligatorio indicativo de su existencia.
- verificará la trazabilidad de los productos comercializados
- la presencia y correcta indicación de los precios de venta al público (P.V.P.) de los productos y servicios; la publicidad
- la garantía de los productos; y la expedición de factura y justificante de pago, además de que contenga todos los datos obligatorios.
- control de las balanzas empleadas para el pesaje de los productos
- control de la venta y cartelería obligatoria sobre el tabaco,
- la comprobación de que se cumple la normativa sobre bolsas de plástico, entre otras cuestiones.
Desde la Dirección General de Consumo señala que en la Campaña de inspección y control básico de establecimientos 2023 se realizaron 3.578 actuaciones inspectoras en 2.116 establecimientos de todas las provincias andaluzas, y se detectaron irregularidades en un 11% de los casos.
Las principales irregularidades estuvieron relacionadas con que el establecimiento no disponía de hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía, o que no exhibía el cartel anunciador de existencia de estas en un lugar visible. También se observó que no exhibían los precios de venta al público de los productos expuestos en los anaqueles o armarios del interior, o que no se publicitaban correctamente los precios por unidad de medida.
