La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha firmado un acuerdo con los representantes de las organizaciones patronales, de titulares y sindicales de la enseñanza privada concertada sobre la gestión de la Seguridad Social del alumnado de los Ciclos Formativos concertados que realice prácticas no remuneradas. De esta manera, la Consejería equipara a todo el alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos.
Patricia de Pozo ha informado de que será la Consejería, como en la red de centros públicos, quien asuma la gestión ante la Tesorería General de la Seguridad Social de la afiliación, altas y bajas del alumnado de FP matriculado en ciclos formativos concertados. De esta manera, tanto al alumnado como a los propios centros se les exime de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas no remuneradas.
Con la firma de este acuerdo, la Consejería también asumirá el abono a la Tesorería General de la Seguridad Social de las cotizaciones de estos estudiantes. La medida alcanza a 7.880 alumnos con un gasto de más 150.000 euros.
La Disposición Adicional 52 de la Ley General de Seguridad Social determina la obligación de incluir en el sistema de Seguridad Social al alumnado de Formación Profesional que realice prácticas formativas incluidas en el programa de formación.
Esta obligación, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, supone una importante novedad en lo que respecta a las prácticas no remuneradas en empresas.
