La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública convocará por concurso 778 plazas de la Administración General de la Junta (704 de funcionarios y 74 de laborales) para estabilizar a interinos de larga duración que no obtuvieron plaza en anteriores ofertas extraordinarias. El Consejo de Gobierno aprobará el decreto de este proceso, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos en la Mesa Sectorial y la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral.
Esta nueva oferta da la oportunidad a los interinos que fueron cesados tras tomar posesión las personas que superaron los procesos anteriores, convocadas por concurso-oposición. El sistema selectivo será el de concurso y consistirá en calificar los méritos alegados y acreditados por las personas aspirantes, todo ello respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El consejero José Antonio Nieto se comprometió el pasado 7 de julio en comisión parlamentaria a cerrar un acuerdo sobre las plazas de esta oferta antes de final de mes. Para ello, la Secretaría General de Administración Pública comenzó a trabajar con los sindicatos para analizar caso a caso las plazas que cumplen los requisitos para poder ser convocadas conforme a este procedimiento extraordinario. Además, se ha constituido una Comisión de Seguimiento para velar por la transparencia y que todos los procesos se celebren con las máximas garantías.
Se trata de 778 puestos estructurales ocupados por personal interino con una relación laboral temporal de interinidad de larga duración superior a cinco años anterior al 1 enero 2016. Un total de 74 son de personal laboral, 14 del Grupo I (médicos, psicólogos y titulados superiores) y 60 del Grupo II (enfermeros, trabajadores sociales, educadores, monitores ocupaciones, restauradores y traductores).
De las 704 plazas de funcionario, la oferta mayoritaria es para el cuerpo de administrativos (255) y auxiliares (215 más 14 del cupo reservado para personas con discapacidad intelectual). Además, se convocarán 57 plazas del Cuerpo Superior de Administradores (51 de Administración general y 6 de Gestión financiera); 51 de Auxiliares técnicos (6 de Informática y 45 de Medio Ambiente); 38 para técnicos de Grado Medio (arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o informáticos entre otros); 33 plazas del Cuerpo Superior Facultativo (la mayoría de Informática, Ciencias Sociales y del Trabajo, Arquitectura o Veterinaria); 23 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Administrativa (22 de Administración general y una de Gestión financiera); y 18 plazas de Ayudantes técnicos (delineantes, informáticos, agentes de medio ambiente o de Administración agraria).
La convocatoria de estas plazas por concurso de méritos está amparada por la Ley de Función Pública de Andalucía, en la que se incluyó durante la tramitación parlamentaria una disposición adicional para usar esta fórmula que abrió el Gobierno central en 2021 con una ley de la que no pudieron beneficiarse interinos andaluces que ocupaban plazas que ya habían sido convocadas antes por concurso-oposición, que era la fórmula permitida hasta la ley de 2021. La Junta de Andalucía había cumplido así las Leyes de Presupuestos de 2017 y 2019, que emplazaban a las comunidades a convocar ofertas extraordinarias para reducir la elevada temporal en las administraciones públicas.
Con la incorporación del personal que sí superó el proceso selectivo, se produjeron los ceses de aquellos interinos de larga duración que no lograron la plaza. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública inició un trabajo conjunto con los sindicatos y grupos políticos para solicitar al Ministerio de Hacienda una aclaración sobre la posibilidad de convocar conforme a la ley estatal de 2021 plazas ya ofertadas con anterioridad y que generaban una situación de desigualdad con respectos a las administraciones que no cumplieron con las citadas leyes de presupuestos.
Ante la falta de respuesta del Ministerio, la Consejería acordó con los sindicatos y grupos políticos incluir la disposición adicional en la Ley andaluza de Función Pública para contar con el marco legal adecuado. Posteriormente, este mismo mes de julio, el Gobierno central aprobó un Real Decreto-Ley que se pronunciaba en el mismo sentido que la Ley andaluza.
Las plazas necesarias
Esta convocatoria viene así a solventar esa situación de desigualdad generada a las comunidades autónomas que cumplieron con las leyes de Presupuesto y ante la falta de precisión sobre la posibilidad de poder ofertar plazas ya convocadas mediante el concurso. Con esta oferta se cubre todas las plazas necesarias para los interinos de larga duración, después de que muchos de ellos hayan pasado a situación de jubilación, incapacidad u otras circunstancias. «Ni una más, ni una menos», señaló al respecto el consejero en el Parlamento.
Este Real Decreto estatal fija unos plazos ajustados para la convocatoria y resolución de las ofertas, al establecer que deben ser publicadas antes del 31 de diciembre de 2023 y resueltas antes del 31 de diciembre de 2024.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha mantenido un diálogo permanente con los sindicatos para cerrar cuanto antes un acuerdo sobre las plazas a ofertar y poder aprobarla en el próximo Consejo de Gobierno, es decir, antes del 31 de julio, tal y como se había comprometido el consejero.
