El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha subrayado que los 16 millones del nuevo Plan ‘Más Provincia’, que será aprobado en el Pleno de marzo, supondrán “un importante refuerzo económico para las políticas dirigidas a la recuperación económica en los pueblos que están desarrollando los ayuntamientos”.
El portavoz de IU en la institución provincial, Ramón Hernández, ha afirmado que este nuevo Plan, que “crece en un millón de euros con respecto al de 2021”, se alinea con la “agenda municipalista del Gobierno Provincial, que trabaja de la mano de los ayuntamientos, los mejores conocedores de la realidad de sus pueblos y de sus necesidades”.
Desde IU han destacado que “en un momento decisivo como el que atravesamos hoy, aún saliendo de una situación sin precedentes provocada por la pandemia y ante la incertidumbre generada por la situación política internacional, la cogobernanza es fundamental para garantizar servicios y vidas dignas al conjunto de la población”.
Por ello, además del refuerzo presupuestario del Plan ‘Más Provincia’, en 2022 “vamos a lanzar también de forma extraordinaria un nuevo Plan ‘Córdoba 15’ dotado con 15 millones procedentes del remanente de la liquidación del presupuesto del año pasado”. En total, serán 31 millones de euros en Planes Provinciales “con criterios de flexibilidad y autonomía local para la reactivación de la actividad en los municipios, la lucha contra la pandemia, la generación de empleo y la mejora de infraestructuras y servicios públicos”.
Hernández ha lamentado que “la apuesta de la Diputación por esta colaboración con los ayuntamientos contrasta con el abandono al que los ha condenado el Gobierno andaluz”, que “da la espalda a los pueblos y además no contribuye a la lucha contra la despoblación en zonas rurales, un reto en el que todas las administraciones deberíamos ir a una”. En este sentido, el portavoz de IU ha anunciado que llevarán a Pleno “una proposición en defensa de la Escuela Pública y contra la supresión de unidades educativas prevista por la Consejería de Educación para el próximo curso”. En la misma, el grupo pide también “la recuperación de todas las aulas que han sido cerradas en los últimos años, especialmente en zonas rurales”.
Al respecto de esta proposición, IU ha recordado que “la lucha contra el despoblamiento no se hace cerrando aulas y centros de salud, sino garantizando servicios públicos en nuestros pueblos que contribuyan a fijar población”. En esta línea, el grupo lamenta que “en los últimos dos años se han cerrado más de 150 aulas públicas por parte de un Gobierno andaluz que tiene muy clara su filosofía educativa: dopar con fondos públicos a empresas privadas que hacen negocio con la educación mientras condena a la asfixia a los centros de titularidad pública”. Para hacerlo, “esgrimen el argumento de una bajada de la natalidad que aparentemente solo afecta a la Escuela Pública, al tiempo que desaprovechan la histórica oportunidad que representa esta realidad para la bajada de ratio que tanto necesita el sistema educativo andaluz”.
Hernández ha avanzado que, a través de esta proposición, IU pretende hacerse eco “de la preocupación existente en municipios como Lucena, Puente Genil, Pozoblanco o Cardeña”, además de en Córdoba capital, “por la posibilidad del cierre de unidades escolares, como ha ocurrido en el CEIP Virgen de la Luna de Pozoblanco, donde padres y madres han recogido firmas exigiendo que no se cierre ninguna línea y han enviado un escrito a la Delegación Territorial de Educación”.
En otros casos, “lo que se teme es un posible desplazamiento de los hijos e hijas a centros lejos de sus domicilios, que es la amenaza que se cierne sobre la comunidad educativa de Cardeña, donde ya llueve sobre mojado después de que el Gobierno de la Junta de Andalucía cerrara el CEIP Quercus de Venta del Charco en contra de la voluntad de las familias y el ayuntamiento”.
Además, IU llevará al Pleno de marzo una segunda proposición contra la pobreza energética, en la que exigen medidas contundentes contra la especulación con un bien de primera necesidad como es la electricidad. En este sentido, piden que se mantengan las medidas impulsadas por el Gobierno central para proteger a la población vulnerable y garantizar suministros, al tiempo que exigen “una profunda reforma del mercado eléctrico que evite situaciones de precios de electricidad extremadamente elevados”, con la intervención del mercado, el diseño de una tarifa regulada real y, en última instancia, “la creación de una entidad pública de energía que actúe en los segmentos de generación renovable y comercialización de la electricidad”.
