Un grupo de bodegas y lagares de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha decidido recurrir ante la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía el proceso de renovación del Consejo Regulador, que se saldó el pasado 30 de octubre con la designación de Javier Martín Fernández como presidente de la entidad, así como con la proclamación de los vocales titulares y suplentes para los próximos cuatro años.
Tan solo un mes después de reclamar el “amparo” de la Junta de Andalucía para “tratar de resolver el déficit estructural que padece el Consejo Regulador”, la “falta de acción” y el “estrepitoso silencio” de la Consejería de Agricultura ha llevado a un grupo de lagares y bodegas del marco Montilla-Moriles a plantear un recurso de alzada contra el proceso de renovación que concluyó a finales de octubre con la presentación de una candidatura única en cada uno de los censos con derecho a voto.
El escrito está firmado por Lagar de Casablanca, Bodegas Robles, Bodegas Doblas, Lagar de Los Frailes, Lagar Los Raigones, Lagar de La Primilla y Bodegas San Pablo, que denuncian “graves irregularidades” que, a su juicio, “vulneran la legalidad del proceso”, por lo que reclaman la nulidad de los acuerdos adoptados.
El recurso, dirigido a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, relaciona “incumplimientos” en los plazos establecidos para renovar el Consejo Regulador, además de “falta de transparencia” en los censos electorales y “deficiencias” en la constitución del pleno.
“Denunciamos la falta de una separación adecuada de censos para garantizar la representatividad de todos los sectores, tanto de productores como de bodegas”, explicó Cristóbal Luque, portavoz del colectivo de bodegas y lagares, que también aseguró que “el acta de constitución del pleno carece de detalles esenciales, como el sentido de los votos y el número de votantes”.
Entre los puntos más controvertidos destaca la “modificación de las fechas de referencia para los electores”, unida a la “ausencia de una separación adecuada de censos” y la “falta de garantías en las votaciones”.
«Las irregularidades detectadas no son simples fallos administrativos, ya que comprometen los principios democráticos y la representatividad de los sectores implicados», afirmó el portavoz del colectivo, Cristóbal Luque, quien lamentó que la Consejería de Agricultura “no solo no haya cumplido con su obligación” de supervisar adecuadamente el proceso sino que, además, “haya hecho oídos sordos a las reclamaciones” planteadas en los últimos meses para “devolver la justicia y la equidad a un organismo que, de perpetuarse en la situación que mantiene desde hace décadas, tiene todos los visos de acabar con una DOP histórica, atenazada por la alarmante pérdida de superficie de viñedo, por el paulatino descenso de ventas y por una ausencia de democracia en sus órganos de representación”.
El colectivo solicita, igualmente, la anulación de las elecciones y propone sanciones contra el Consejo Regulador por “incumplimientos reiterados” de la normativa. Además, reclaman que, mientras se resuelve el recurso, se adopten “medidas provisionales”, como la suspensión de las decisiones adoptadas en el pleno del pasado 30 de octubre.
Las bodegas y lagares de Montilla-Moriles que han decidido suscribir este recurso de alzada lamentan la “omisión de la supervisión” por parte de la Consejería de Agricultura que, a juicio de los denunciantes, “no ha sabido o no ha querido tutelar adecuadamente el proceso, permitiendo irregularidades graves”.
Por todo ello, y sobre la base de abundante jurisprudencia, el recurso de alzada solicita la nulidad de las elecciones, la suspensión de los acuerdos adoptados por el pleno del pasado 30 de octubre, así como la imposición de sanciones administrativas al Consejo Regulador por la comisión de “infracciones graves”.
