Adolfo Suarez: «El patrimonio histórico ha de ser una fuente de prosperidad compartida»

El diputado nacional del PP y presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suarez Illana, y el vicesecretario general del PP Andaluz, Toni Martín, junto al presidente del PP cordobés Adolfo Molina, han visitado Montilla para hablar y conoces de primera mano el rico patrimonio histórico de nuestra ciudad.


En Montilla, junto a la presidenta del PP montillano, Auxiliadora Moreno, conocerán varios lugares de la Ruta Avilista como la Casa de San Juan de Ávila y su sepulcro en la Basílica del mismo nombre.

Invasión de competencias

El Gobierno andaluz ha presentado veinte alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico Español, remitido por el Ministerio de Cultura y Deporte o lo que es lo mismo, la Consejería propone su retirada y la redacción de una nueva ley, que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo de las ciudades.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico entiende que se debería haber presentado una nueva ley, mucho más ambiciosa y que recogiese las diferentes problemáticas de la aplicación de la actual tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, sin invadir, como hace el anteproyecto presentado, las competencias de ambas administraciones para hacer posible preservar, conservar y vivir el patrimonio.

De este modo, la Junta considera que:

  • la norma invade claramente el ámbito competencial de las comunidades autónomas.
  • limita la autonomía local de los Ayuntamientos afectados
  • considera «innecesaria» la creación de una nueva figura de protección de Patrimonio Mundial, dotándola además de nuevos entes de organizativos -con evidentes costes económicos- que se superponen a otros ya existentes, en los que se blinda con mayorías y se garantiza la dirección y control.
    • Estas nuevas estructuras ponen en riesgo, entre otros, el actual modelo de éxito aplicado en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad.
  • Además, mantiene la indefinición e inseguridad de conceptos jurídicos, aumenta la burocracia y desprotege algunos bienes, como el arte rupestre, al desaparecer del articulado de la ley.
  • La modificación que plantea el Gobierno central de la Ley de 1985 se caracteriza por una visión obsoleta y no acorde con la realidad del patrimonio cultural en las demandas de la sociedad.
    • No se aborda el papel que las nuevas tecnologías deben jugar en la actualidad
    • carece de una visión integradora de la conservación, promoción y valorización del patrimonio cultural con el fin de contribuir al desarrollo económico y social, educativo o turístico de la sociedad.

En definitiva, a juicio del Gobierno andaluz, choca con el acuerdo alcanzado con el Estado respecto a la vigente redacción del artículo 33.3, nos lleva a mayores trámites burocráticos cuando la sociedad reclama una mayor simplificación administrativa, considerando que este exceso de intervención puede conllevar a la despoblación de los cascos históricos y ciudades patrimoniales.

Antonio Galán

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