La campaña de la Declaración de la Renta vuelve a poner sobre la mesa una situación que cada vez afecta a más pensionistas en España y que no te explican: jubilados que nunca antes habían tenido obligación de presentar el IRPF están comenzando a recibir requerimientos de Hacienda o descubriendo que ahora sí deben declarar. A simple vista, podría parecer una consecuencia lógica derivada de las sucesivas subidas de las pensiones. Sin embargo, detrás de esta situación existe un problema fiscal mucho más profundo: la falta de adaptación real del sistema tributario al efecto de la inflación.
Durante los últimos años, las pensiones han experimentado incrementos con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada del aumento generalizado de precios. No obstante, aunque nominalmente los pensionistas cobran más, eso no significa necesariamente que sean más ricos. El problema aparece cuando el IRPF —un impuesto progresivo— no se deflacta correctamente conforme a la inflación. En la práctica, esto provoca que muchos contribuyentes pasen a tributar más simplemente porque sus ingresos han aumentado sobre el papel, aunque su capacidad económica real apenas haya mejorado.
Este fenómeno es lo que muchos expertos se refieren cuando dicen que la inflación es el nuevo impuesto silencioso. Hacienda recauda más sin necesidad de aprobar formalmente una subida de impuestos. Basta con que aumenten salarios y pensiones mientras los límites, reducciones y tramos fiscales permanecen prácticamente inmóviles. Como consecuencia, muchos jubilados no solo comienzan a tributar cuando antes no estaban obligados, sino que además soportan retenciones superiores o pierden determinadas deducciones y beneficios fiscales. El resultado final es claro: el incremento de ingresos queda parcialmente absorbido por una mayor carga tributaria.
La situación resulta especialmente llamativa en el caso de los pensionistas, ya que muchos de ellos desconocen por completo cómo funciona este efecto. En numerosos casos, personas que durante años no presentaron declaración comienzan ahora a encontrarse con obligaciones fiscales inesperadas, especialmente cuando existen varios pagadores o determinadas prestaciones complementarias. Y todo ello en un contexto en el que la sensación generalizada es que la pensión apenas alcanza para afrontar el incremento del coste de vida. Es decir, se cobra más dinero nominalmente, pero el margen económico real sigue siendo muy limitado.
Esta realidad no afecta únicamente a los jubilados. En el ámbito laboral y empresarial, muchos fiscalistas y asesores ya recomiendan analizar cuidadosamente las subidas salariales lineales, porque en determinadas situaciones el aumento bruto no se traduce en una mejora proporcional del salario neto percibido. De hecho, cada vez adquieren más relevancia otras fórmulas vinculadas a beneficios sociales, conciliación o retribución flexible, precisamente por el impacto creciente de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo.
Por ello, la situación actual debería abrir un debate más profundo sobre la necesidad de adaptar realmente el IRPF al contexto económico e inflacionario. Porque si las pensiones suben únicamente para mantener el poder adquisitivo, pero al mismo tiempo el sistema fiscal absorbe parte de esa subida mediante una mayor tributación, la protección económica del pensionista queda claramente desvirtuada.
Y es ahí donde surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿se está utilizando la inflación como una vía indirecta para aumentar la recaudación?
Carlos Baena Gomez