La Dirección General de la Guardia Civil publicó esta semana más de 6.000 vacantes para guardias civiles en todo el país, de las cuales sólo 30 corresponden a la provincia de Córdoba, cifra que ni siquiera llega al 0,5% del total, a pesar de que hay más de 200 vacantes sin cubrir y de que lleva varios años perdiendo efectivos, con todas las unidades necesitando refuerzos.
Una vez más, el escaso número de vacantes publicadas para Córdoba la sitúan como la quinta provincia que recibe menos refuerzos en todo el país, solo por delante de Albacete, Lugo, Ourense y Zamora.
El ridículo número adjudicado a Córdoba contrasta con los del resto de provincias de la comunidad autónoma: Cádiz recibe 153, Almería 122, Sevilla 93, Málaga 90, Granada 86, Huelva y Jaén 65 cada una. Así, la provincia de Córdoba apenas llega al 4% de los refuerzos que se destinan a Andalucía, a pesar de tener la plantilla más reducida de la comunidad autónoma, siendo la segunda en extensión territorial y la quinta en número de habitantes.
El resultado es que las unidades de la Guardia Civil en esta provincia van a seguir bajo mínimos y con graves problemas para poder ofrecer seguridad a los municipios. Al puesto de Puente Genil se le asignan cinco vacantes, mientras que a los de Montilla, Baena y Pozoblanco les corresponden tres a cada uno, dos para Palma del Río y Benamejí, y uno para los puestos de Fuente Obejuna. Belmez, El Viso, Villafranca, Villa del Río, Posadas y Aguilar, mismo número que para la USECIC y la Policía Judicial. Y se publican solo dos vacantes para el Núcleo de Servicios, a pesar de ser la unidad de ese tipo con menos plantilla en todo el país.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera vergonzoso e indignante el continuo menosprecio que muestran la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior hacia la provincia de Córdoba, que presenta una de las ratios más bajas de agentes por número de habitantes en todo el país, y perdiendo plantilla año tras año.
Ese grave déficit de guardias civiles obliga a tener la mayoría de puestos cerrados casi todo el tiempo, y las escasas patrullas disponibles teniendo que atender las incidencias de varias poblaciones simultáneamente, sin poder vigilar y llevar a cabo una labor preventiva. Pero además afecta también a las condiciones laborales de los propios guardias civiles, al denegárseles permisos y no poder disponer de turnos de trabajo precisamente por la falta de efectivos suficientes.