Rafael Rodríguez, consejero de la Consejería de Turismo y Comercio tras mantener una reunión con representantes de la plataforma ‘No al Cerrojazo’, de la Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y de los sindicatos UGT y CCOO, además de organizaciones de consumidores y de los tres grupos parlamentarios, ha anunciado que creará una oficina específica para intermediar, informar y asesorar a los comerciantes afectados por los alquileres de renta antigua sobre la situación actual generada por la aplicación del fin de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sobre las herramientas que tienen a su disposición para defender sus derechos.
Además de la oficina, ha informado de que solicitará de nuevo una reunión urgente con los ministerios de Economía y de Fomento con el objetivo de modificar la actual LAU, que entra en vigor el 31 de diciembre, y establecer una moratoria adicional de otros diez años que evite el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo en el sector, recabando todas las ordenanzas que en este momento se están aprobando en algunos ayuntamientos de España para proteger a los comercios «señeros y singulares que, durante años, le han dado forma a las ciudades, los cascos históricos y al urbanismo».
La aplicación de esta ley afecta a 20.000 comercios andaluces y a alrededor de 100.000 trabajadores.
