El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la Memoria de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía en el ejercicio 2021, que ha presentado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que arroja el dato de 55.865 expedientes resueltos. A éstos se suman 8.876 correspondientes a los expedientes de las medidas extraordinarias resueltos provisionalmente en 2020 y que ahora cuentan con resolución definitiva.
Por otra parte, el informe recoge las modificaciones normativas que se han llevado a cabo en 2021. Mediante el Decreto Ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19 por un lado, y, por otro lado, para adaptar a la situación actual la documentación obligatoria y las verificaciones a realizar de forma telemática. También incluye la ejecución de 90.877.174,55 euros para el programa de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
Según refleja el informe, el perfil de la unidad familiar beneficiaria se corresponde con un tamaño medio de 2,13 teniendo en cuenta solo a las personas computables a la misma, lo que supone una disminución respecto a 2020, que era de 2,34.
En cuanto al sexo de la persona titular, se observa cómo sigue siendo mayoritariamente mujer. De esta forma, la diferencia por sexo en el ejercicio 2021 alcanza un 34,07% más de mujeres que de hombres como titulares de las unidades familiares beneficiarias, una cifra similar a la de los últimos años. Los grupos más significativos en este aspecto son el de las mujeres de entre 35 y 44 años, seguido de los de mujeres de 45 a 54 y de más de 55 años.
Por último, respecto a la ubicación del domicilio de la unidad familiar beneficiaria, el 61,65% de los mismos se localizan en municipios de la provincia diferentes a la capital, excepto en los casos de Córdoba y Málaga.
Desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020, el número de revisiones de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social ha aumentado considerablemente por la obligatoriedad de revisar la prestación en los expedientes cuya unidad familiar resulta beneficiaria de la ayuda del Estado. También figura el aumento del número de revisiones derivadas de las resoluciones provisionales de las medidas extraordinarias adoptadas con motivo del Covid-19.
Ante esta perspectiva, la Consejería de Igualdad ha seguido dos líneas de actuación complementarias durante este ejercicio: una orientada a la mejora de la gestión del procedimiento mediante el perfeccionamiento de las herramientas de gestión de los expedientes y otra para el refuerzo de las plantillas de personal de las delegaciones territoriales y los servicios centrales, mediante un plan de choque con el objetivo de evitar la paralización de los procedimientos de tramitación ordinaria.
Durante el ejercicio 2021, además, se han atendido 980 consultas realizadas por los servicios sociales comunitarios, se ha dado acceso a 11.851 personas usuarias al simulador ‘online’ y se han tramitado 4.124 peticiones de información a través de medios como el portal de transparencia o el registro electrónico.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene avanzado el proyecto del Ingreso Por la Infancia y la Inclusión, una nueva prestación de renta básica con la que se persigue dar cobertura a todas aquellas personas y situaciones que quedan fuera del ámbito de protección del Ingreso Mínimo Vital del Estado. De esta forma, se logra ampliar, en el territorio de Andalucía, la cobertura básica que establece esta ayuda para toda España.
