Los jueces comunicarán a los servicios sociales los desahucios que supongan riesgo de exclusión, que podrían ser suspendidos. La Junta, CGPJ y FAMP han firmado un convenio que reduce el daño que las ejecuciones hipotecarias de viviendas provocan en miles de familias
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, han suscrito un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios, que tiene por objetivo abordar de manera coordinada el problema de muchos ciudadanos que se encuentran inmersos en procedimientos de desalojo de su vivienda, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias.
El acuerdo permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.
Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
Función Social de la Vivienda
Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la única comunidad autónoma española que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas propiedad de la Administración autonómica para evitar situaciones de exclusión social.
Andalucía cuenta con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. La comunidad andaluza fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda, que considera el acceso a la vivienda como un derecho social.
A esta norma se sumará el anteproyecto de Ley de Retracto, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, con lo que se facilita la permanencia en su hogar de las familias afectadas. Y la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas, que crea nuevos instrumentos de arbitraje y protección para evitar graves situaciones de emergencia social. Entre otras medidas, esta nueva ley creará el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un instrumento a disposición de la ciudadanía para la información y el asesoramiento relacionado con el derecho a una vivienda digna.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas.
El Gobierno andaluz va a dar un paso más en este ámbito y trabaja ya en un Plan de Acción Integral contra los desahucios y ejecuciones presupuestarias, que abordará este problema desde una novedosa perspectiva integral, colaborando con las familias desde el primer riesgo real hasta ofrecer una respuesta si llega a producirse el alzamiento de la vivienda.
En la lucha contra los desahucios, se han incrementado los recursos económicos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, ampliando esta partida hasta los 3,8 millones de euros, que cuenta ya con 243 expedientes resueltos. La línea de ayudas a personas en situación de especial vulnerabilidad cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros y que ha dado cobertura a 2.463 familias, mientras que la dirigida a personas con ingresos limitados, con 15,8 millones de euros de dotación, con la previsión de atender a 7.745 familias.
Se han puesto en marcha, igualmente, medidas de ayuda a los inquilinos residentes en el parque público que, como consecuencia de la crisis, han visto mermados sus ingresos, con la tramitación de más de 600 expedientes de rebaja de la renta y aplazamiento de pago. Además, todas estas medidas se verán potenciadas en el marco el nuevo Plan Andaluz de la Vivienda que se aprobará próximamente y que tendrá entre sus prioridades evitar que cualquier ciudadano pueda perder su casa.
Por su parte desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se desarrollan actuaciones el marco del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, para atender las necesidades de subsistencia de aquellas familias cuyos ingresos mensuales están por debajo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, equivalente al 62% del Salario Mínimo interprofesional (SMI) incrementado en un 8% por cada miembro computable de la unidad familiar distinto del beneficiario, con un máximo del 100% del SMI vigente.
También se incluyen dentro de las actuaciones de la Consejería de igualdad las ayudas económicas familiares para la lucha contra la pobreza infantil, una medida destinada a atender a las familias con menores y en situación de riesgo al estar amenazados por un desahucio motivado por el impago en el caso de alquiler de la vivienda familiar. Se trata de evitar riesgos al menor favoreciendo su permanencia e integración en el núcleo familiar y social. Para ello, a través de estas medidas se proporcionan ayudas para alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres básicos.
