Desde el mes de mayo, el Ayuntamiento de Fernán Núñez vive una situación de profunda preocupación y malestar entre su personal laboral. Todo comenzó cuando el alcalde, Alfonso Alcaide, intentó imponer una Relación de Puestos de Trabajo ó RPT elaborada por una empresa privada, cuyo contenido suponía una reducción de salarios y derechos para la gran mayoría de los trabajadores municipales.
En la primera asamblea, la plantilla decidió por unanimidad posicionarse en contra de dicha RPT, logrando frenar momentáneamente la pretensión del alcalde. A partir de ese momento, según se comunicó, ambas partes acordaron iniciar la negociación del convenio colectivo.
Sin embargo, tras tres asambleas, seis o siete reuniones entre el Comité de Empresa y el alcalde, diversas propuestas formales presentadas por los representantes de los trabajadores y CUATRO CONCENTRACIONES masivas en las puertas del Ayuntamiento, la postura del alcalde permanece totalmente inmóvil. Continúa intentando imponer su RPT y bloquea de forma sistemática cualquier avance real en la negociación del convenio.
Los trabajadores informan que continuarán convocando concentraciones y llevarán a cabo nuevas acciones hasta que el alcalde recapacite, cumpla su compromiso y se siente a negociar de buena fe. Este mes de noviembre se cumplen SEIS MESES desde que se acordó iniciar la negociación del convenio, tiempo durante el cual el alcalde no ha hecho más que dilatar, posponer y obstaculizar el proceso.
Además, los propios empleados denuncian que en numerosos servicios —que por su naturaleza se prestan en fines de semana, festivos o en condiciones especialmente penosas— no existe ningún complemento regulado (ni de penosidad, ni toxicidad, ni turnicidad). Al no existir convenio vigente, estas horas ni están reconocidas ni están remuneradas, lo que provoca que numerosos trabajadores y trabajadoras estén desempeñando funciones en festivos sin percibir la compensación que legalmente les correspondería.
La plantilla exige que se respete su trabajo, sus derechos y los compromisos adquiridos, y reclama una negociación real y transparente que permita poner fin a una situación que consideran insostenible e injustificada