El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, han informado de que la Junta ha iniciado la tramitación del futura Ley de Vivienda de Andalucía, que tiene como principal objetivo garantizar el acceso a la vivienda e incrementar la construcción de promociones a precio asequible.
El anteproyecto de ley cuenta incluso con un plan de choque para poner a disposición de manera urgente suelos para construir vivienda protegida y así destensar un mercado residencial marcado por los efectos de la ley estatal de vivienda.
En este punto, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ha invitado a la ciudadanía a que “participe de forma activa en la elaboración de la ley”, ahora que se abre un periodo de consultas “con el único objetivo de conseguir una norma consensuada”. “Queremos una Ley de Vivienda de Andalucía de todos y no sólo de unos pocos, como la norma estatal”, ha señalado.
Este anteproyecto afrontará con garantías el problema de la vivienda “a diferencia de la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, no ha resuelto, sino agravado, la situación e incluso ha invadido competencias en la materia que eran exclusivas de las comunidades autónomas”, ha destacado Molina. Así quedó refrendado por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia dio razón a la Junta de Andalucía en su recurso de inconstitucionalidad.
“La respuesta de Andalucía es esta ley, que es una norma más práctica, que no contrae el mercado, sino que lo expande, y que está hecha de cara a la ciudadanía, escuchando al sector”, sostiene el delegado. Andalucía es, de hecho, la primera comunidad que impulsa una ley propia tras la Ley Estatal de Vivienda.
La Ley de Vivienda de Andalucía vendrá a resolver la dispersión normativa existente, con la derogación de cuatro leyes, el encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler, la falta de oferta de vivienda en alquiler, las dificultades de los jóvenes y otros colectivos para su emancipación, el envejecimiento del parque residencial o las carencias de espacios públicos y zonas verdes. “Ningún proyecto de vida puede arrancar sin una vivienda donde desarrollarlo”, ha añadido el delegado, que ha señalado que la “prioridad del Gobierno andaluz es fijar las condiciones necesarias para ello”. Además, esta ley nace para cumplir con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, “como recoge la Constitución, en su artículo 47, y el Estatuto de Autonomía, en el 562”, ha precisado Molina.
El delegado del Gobierno ha incidido en que se trata de una “ley que surge del diálogo y del consenso, a diferencia de la fallida ley estatal”. Prueba de ellos son las aportaciones recibidas durante las consultas públicas por parte todos los agentes del sector que se han reflejado en el texto normativo. “La vivienda es un tema tan acuciante y elemental en el desarrollo de los municipios que no se puede abordar desde la ideología”, ha manifestado, añadiendo que se busca “un equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias”.
En ese sentido, ha precisado que el anteproyecto es “un borrador abierto a las aportaciones de la sociedad andaluza”. De hecho, ahora, con se abre un nuevo periodo de participación donde se escucharán a los ciudadanos para incorporar las aportaciones necesarias y alcanzar un texto de consenso.
Principales ejes de la futura ley
Por su parte, la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha señalado que la futura ley establecerá “las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades”.
Así, el anteproyecto de Ley se sustenta envarios ejes. El primero se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.
En segundo lugar, se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019, con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones. El anteproyecto de ley crea la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Por último, se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de adecuada.
En tercer lugar, la futura Ley de Vivienda de Andalucía perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan.
Asimismo, el anteproyecto se detiene en la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados. También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.
Plan de choque
Por último, el Gobierno andaluz ha incluido una disposición adicional primera para hacer frente al problema de la vivienda con un plan de choque, que actuará de forma inmediata y pondrá a disposición suelos y nuevas viviendas que destensen un escenario que está marcado por la ley estatal de vivienda.
Este plan permitirá construir VPO en suelos dotacionales sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística y se destinarán a vivienda protegida en alquiler permanente.
Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.
