Los abogados andaluces realizarán este año un total de 59.495 guardias para garantizar la asistencia letrada a personas investigadas, detenidas o presas, según la Orden aprobada por la Consejería de Justicia e Interior, que financia esta prestación como parte del servicio de justicia gratuita que sufraga la Junta.
La Orden, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 11 de mayo, establece el número de guardias que corresponde realizar a cada colegio de abogados de Andalucía durante el ejercicio de 2017, cuyas retribuciones han sido aumentadas este año por la Consejería de Justicia e Interior en un 10% para recuperar la cuantía que tenían en 2011, cuando fueron reducidas a causa de la crisis económica.
El número de guardias fue consensuado en la última Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en la que se dio cumplimiento al trámite de informe de la elaboración de disposiciones relativas a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de esta comunidad autónoma a personas que carecen de menos recursos económicos.
La Junta concederá este año 140 euros por cada servicio de guardia en los que se ha realizado una asistencia letrada a una persona detenida, investigada o presa, y 100 euros por la situación de disponibilidad cuando no haya habido asistencia.
El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior para todo el servicio de asistencia jurídica gratuita (turno de oficio, guardias y gastos de funcionamiento de los colegios profesionales) asciende este año a 43,2 millones de euros, casi cinco millones más que en 2016. Desde 1997, la Junta ha destinado ya más de 400 millones a estas prestaciones.
De esta forma, Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas que más inversión destina a la justicia gratuita en términos absolutos. Porcentualmente, la justicia gratuita representa el 9,7% del presupuesto de Justicia, frente al 6,9% del total del Estado.
La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se benefician unas 300.000 personas al año. En materia de modernización tecnológica, la Junta ha implantado un programa de gestión orientado a profesionales y un simulador económico que permite a la ciudadanía saber si tiene derecho a esta prestación.
El Gobierno andaluz considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.