FEP-USO considera que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Función Pública es Un acuerdo insuficiente para recuperar los derechos perdidos y sigue sin solucionar los problemas que acucian a los empleados públicos
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) han alcanzado un acuerdo que contempla un incremento retributivo para los empleados y empleadas públicos de entre el 6,1% y el 8,79% (en el mejor de los escenarios) durante el trienio 2018-2020; así como otras mejoras laborales.
El acuerdo firmado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro “es insuficiente para recuperar los derechos sustraídos a los empleados públicos desde el comienzo de la crisis”, sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, quien critica “el triunfalismo con el que los firmantes han celebrado la consecución del acuerdo, ya que en ningún modo se reparan, ni mucho menos se mejoran, los derechos salariales y laborales que fueron sustraídos a los empleados públicos con la excusa de la crisis por los diferentes gobiernos”.
Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB, que lo elevaría a 1,95%, 2,5% y 2,3%, respectivamente, incluso con una prima del 0,55% en 2020 si se cumplen los objetivos del déficit público ese año: “un alza adicional que, vistos los objetivos fijados, nos pone en un escenario difícil, por no decir imposible, de cumplir”, critica el secretario general de la FEP. “De las ostentosas propuestas de subida salarial que partían de un 20%, hemos pasado a un raquítico sistema mixto de fijos y variables ligados al PIB que, con toda probabilidad, no llegará a cubrir el incremento del IPC en los años 2018, 2019 y 2020”, prosigue.
El pacto contempla también una dotación adicional de 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la equiparación entre administraciones, “cantidad insuficiente a todas luces para lograr una verdadera homologación retributiva, como FEP-USO viene reivindicando desde hace años”, continúa Deleito. Sin embargo, “por otro lado, van a seguir aumentando esa brecha entre Comunidades en la manera propuesta de llegar a las 35 horas, pues solo lo conseguirán los funcionarios cuyas administraciones cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior”.
El acuerdo, siempre según los firmantes, también conllevará creación de empleo neto, estableciéndose tasas de reposición superiores al 100% en casi todos los sectores y servicios prioritarios; “pero no cubrirá el fuerte déficit de personal que ya existe ahora en algunos servicios y organismos de la Administración General del Estado no considerados prioritarios”, se lamenta el secretario general de FEP-USO, por lo que, “vemos con total escepticismo que este acuerdo vaya a suponer la solución a muchos de los problemas que tenemos los empleados públicos, como algunos pretenden vendernos”.
Desde FEP-USO, “creemos que es necesario adoptar medidas serias que impidan nuevas pérdidas salariales y, para ello, la única solución pasaría por abordar una reforma completa de nuestra estructura salarial, dotándola de mecanismos de revisión salarial automáticos, incentivando la permanencia en la Administración, recompensando la profesionalidad y la formación laboral con el paso del tiempo. Esta sería una solución definitiva que no dependería tanto de las decisiones de los políticos de turno”, concluye Luis Deleito.
