La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en sede parlamentaria que se está ultimando la tramitación para que el Consejo de Gobierno pueda aprobar el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 este mismo mes de octubre.
Este programa, que fue presentado al colectivo la semana pasada coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, tiene una inversión prevista de 145 millones de euros y en el mismo están implicadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. Además, «al tratarse de un documento vivo y abierto, estamos valorando ya que la crisis sanitaria de Covid-19 sea objeto de una línea futura de trabajo«, ha subrayado.
Por otra parte, la consejera ha recordado que el Plan llega con 20 años de retraso según lo establecido en la Ley de Atención y Protección de las Personas Mayores de 1999: «Nadie se había interesado por él hasta que el año pasado nos pusimos a trabajar desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Para este Ejecutivo, nuestros mayores son activos importantes que siguen jugando un papel muy destacado en diferentes ámbitos de nuestra sociedad«.
El I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores ordenará el conjunto de las políticas públicas destinadas a promover el bienestar de los y las mayores desde una perspectiva integral, preventiva y sostenible en el ámbito sanitario, de servicios sociales, cultural, deportivo, de ocio, urbanístico y asociativo. En concreto, va a abordar materias fundamentales como el envejecimiento activo y la red de centros de participación activa, la prevención de la dependencia y la atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad en este colectivo como son la soledad no deseada o el maltrato.
Rocío Ruiz ha destacado que el programa está articulado en 30 medidas que se distribuyen en cinco líneas estratégicas: prevención de la dependencia, atención a la dependencia, atención a personas mayores con especial vulnerabilidad, fomento del buen trato y lucha contra la soledad no deseada.
En ellas se hace referencia a la implementación de programas para incrementar la práctica de ejercicio físico, agilizar la prestación de los servicios sociales, mejorar la atención al colectivo LGTBI, reducir el porcentaje de personas mayores que sufren soledad no deseada, mejorar la empleabilidad de los mayores de 55 años, reducir el riesgo de pobreza o implantar un nuevo modelo de atención centrado en las personas.
Rocío Ruiz se ha referido a los problemas que enfrentan las personas mayores en la actualidad como la invisibilidad del colectivo LGTBI, en exclusión social o inmigrantes retornados; la baja práctica de ejercicio físico y el alto nivel de sobrepeso y obesidad; las mujeres como principales afectadas por el maltrato; las personas de entre 55 y 64 años que sufren una tasa de paro superior al 20 por ciento que lastra su cotización en los últimos años; o el rol de persona cuidadora que recae sobre las mujeres en el 85 por ciento de los casos.
Para ello, la consejera ha señalado que «nuestros retos están claramente definidos en este Plan. Queremos retrasar el deterioro físico y mental de las personas en edades más avanzadas, conseguir que las personas mayores con enfermedades crónicas dispongan de los cuidados de larga duración y que permanezcan así el mayor tiempo en sus casas, transmitir una imagen positiva de ellas y mejorar su calidad de vida».
Reto demográfico
El I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores de Andalucía 2020-2023 pretende ser el documento de referencia que oriente las políticas que la Junta de Andalucía desarrolle en el ámbito de este colectivo en los próximos años y plantea respuestas al reto que supone el envejecimiento demográfico que vive la sociedad andaluza, al igual que ocurre en el resto de las sociedades occidentales.
En su elaboración, como ha explicado Ruiz, «se ha seguido un modelo de gobernanza participativo donde todos los agentes implicados pudieran participar a lo largo del proceso. Además de la participación de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, desde el punto de vista metodológico, ha contado con la colaboración del Grupo de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía».
