La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) informa que el Tribunal Supremo ha confirmado de manera firme la posición defendida por nuestro sindicato respecto al derecho de los técnicos y técnicas de emergencias sanitarias a percibir la tercera paga extraordinaria.
La tercera paga extraordinaria forma parte del IV Convenio Autonómico de Transporte Sanitario y debe abonarse íntegramente desde 2023 a todos los trabajadores y trabajadoras que no alcanzaron acuerdo alguno con la empresa.
Esta inadmisión pone fin a años de incumplimientos salariales y reconoce un derecho que CTA ya defendió en los tribunales, obteniendo una primera victoria en la Sentencia 275/2024 del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que la empresa estaba obligada a abonar la tercera paga extraordinaria, puesto que el convenio es claro en su contenido y su aplicación resulta obligatoria.
Todo parte de un incumplimiento contractual de la Empresa SSG, adjudicataria del servicio de transporte sanitario de la provincial de Córdoba. Ante el simulacro de convocatoria de huelga, por parte del Comité de Empresa, todos los sindicatos que lo componen, menos C.T.A., aceptan el acuerdo con la Empresa de renunciar a la tercera paga extraordinaria durante el año 2023, y a cambio se le pagaría la del aó 2024, esto lo aceptan todo el Comité de Empresa, es decir, CSIF, U.G.T. y CC.OO. . Salvo C.T.A., los afiliados de C.T.A. que no renuncian a la paga del 2023, son discriminados y se les niega también la paga del 2024 y
2025, con la colaboración de estos seudosindicatos.
Y todo ello después de haber perdido la Empresa dos juicios planteados por C.T.A. sobre este asunto, uno en los Juzgados de lo Social de Córdoba, donde acudió la Empresa del brazo con U.G.T., expidiendo un certificado que aún está por dirimirse su posible responsabilidad penal. Y el otro juicio que pierden es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aun y así los sindicatos mencionados colaboran con la Empresa al objeto de afanarles más de 270.000 euros a los trabajadores.
Estas empresas subcontratadas de la Administración de Sanidad de la Junta de Andalucía, se sienten impunes ante cualquier ilegalidad, sencillamente porque saben que el Gobierno de Moreno Bonilla mira para otro lado, y no les hace pagar por su responsabilidad.
La Sra. Botella que tiene la responsabilidad de comprobar a través de la Mesa de Seguimiento del contrato, el cumplimiento de la licitación y de la legalidad vigente en material laboral. Sin embargo, ante las denuncias de este Sindicato en el mes de marzo, dando datos concretos de ambulancias que estaban contratadas por el SAS y eran destinadas a servicios privados, aun no han contestado, en este caso nos referimos a los hospitales de Montilla y Puente Genil.
Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA)