El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno de España que declare profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, realizando las modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada a quien lo desee.
La diputada nacional del Partido Popular de Córdoba, Isabel Prieto, ha informado sobre la proposición no de ley que el Grupo PP en el Congreso de los Diputados ha conseguido aprobar en la Comisión de Interior para reconocer el riesgo de estos efectivos y que se lleve a cabo su equiparación con otras profesiones de riesgo ya reconocidas. El Grupo PSOE se abstuvo en la votación.
“El Partido Popular siempre va a apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) porque es consciente de la misión fundamental que realizan de garantizar la convivencia en libertad y la seguridad de los ciudadanos”, ha afirmado la diputada.
Prieto ha recordado que en 2020 ya se aprobó una PNL en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo a la Policía Local, “por eso es lógico que se establezca una equiparación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local considerando que todo ellos son una profesión de riesgo”.
La pensión que cobra un efectivo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil no puede ser igual que la cobra otro funcionario del Estado que por ejemplo realice solo tareas administrativas. Es evidente que la labor que realizan las FCSE es una labor muy compleja que puede conllevar situaciones de riesgo que no son comparables a otros funcionarios públicos, ha explicado la diputada. “De hecho, a la hora de hacer un seguro de vida tienen que pagar un 40% más en la póliza por ejercer las funciones policiales. Por ello no resulta lógico que el Estado no considere que las FCSE no son profesión de riesgo y sin embargo las compañías de seguros sí”, ha afirmado Isabel Prieto.
El Estado no puede penalizar a la Policía Nacional y la Guardia Civil no considerándolos como profesión de riesgo, continúa la diputada. Es de justicia y de sentido común enmendar esta situación y asimilar a estos efectivos como profesión de riesgo junto a otras profesiones que sí cuentan con este reconocimiento, como bomberos, mineros, profesionales ferroviarios, Policía Autónoma Vasca y Policía Local
La diputada popular ha incidido en la degradación en las condiciones de calidad laboral y la peligrosidad que viven los efectivos de las FCSE unido al quebrantamiento social de su condición de agente de la autoridad que sufren estos agentes. “Esto ha traído consecuencias nefastas, en el año 2023 se ha producido un incremento notorio de las agresiones que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil con un total de 1.400 agresiones al año, lo que suponen 30 agresiones cada día”, ha destacado Prieto, quien ha recordado que el ministro de Interior Fernando Marlaska ha sido reprobado en el Congreso de los Diputados de forma expresa por no haber puesto a disposición de la Guardia Civil de los materiales necesarios para poder defenderse en el Campo de Gibraltar. “Este Gobierno lejos de apoyar a las FCSG está consiguiendo una degradación de sus condiciones laborales”.
En la provincia de Córdoba se ha producido un incremento de las agresiones a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil del 17%, pasando de 159 agresiones en 2021 a 190 agresiones en 2022.
Por otro lado, la diputada nacional ha hecho mención a otra proposición no de ley debatida en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados instando al Gobierno de Sánchez a cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en varias comunidades autónomas como Andalucía.
“Estas Unidades Adscritas viven su peor época con un mínimo histórica de efectivos que tienen Andalucía y Galicia como las principales víctimas de la estrategia del Ministerio del Interior que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados”, ha comentado Prieto.
En la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía el primer convenio se firmó en 1992, se prorrogó en 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007. Debería haberse renovado en 2019. El compromiso alcanzado en el último convenio era llegar a los 1.000 policías antes de diciembre de 2010, cuando en la actualidad solo tiene 383 policías.
Según la diputada cordobesa, la pérdida de efectivos de las Policía Nacional en Andalucía se ha convertido en algo crónico y afecta por ejemplo a las Unidades Viogen que en Córdoba son completamente deficitarias puesto que solo 30 efectivos de Policía Nacional y 30 de Guardia Civil tuvieron que atender los 12.586 casos de violencia de género en el año 2023. “Se tiene que poner solución a esta situación y sacar las plazas necesarias para cubrir las plazas en Andalucía”, ha concluido Isabel Prieto.
