Hace un mes AUGC avisó de la existencia de una propuesta para reorganizar el despliegue del SEPRONA en la provincia de Córdoba, que podría conllevar la supresión de algunas unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, y afectaría a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos.
Fundamentándose en la denuncia pública de AUGC, los diputados del Partido Popular Andrés Lorite y María de la O Redondo registraron una pregunta parlamentaria al gobierno de España, pidiéndole que aclare si se estaba estudiando esa supresión de unidades y cuál sería el motivo para llevarla a cabo.
Y la respuesta del ejecutivo mantiene la falta de transparencia con la que ha actuado la Guardia Civil en este asunto desde el principio, porque se limita a exponer que “el referido estudio se encuentra en fase de elaboración, por lo que no es posible concretar qué unidad o unidades de dicha especialidad pudieran ser afectadas tras la aplicación de la nueva normativa”. Por lo tanto, los guardias civiles afectados siguen sin tener información de ningún tipo, a pesar de que esa medida no solo les afectaría a ellos, sino también a sus familias.
En su contestación, el gobierno añade que con motivo de la entrada en vigor de una nueva norma reguladora de la especialidad del SEPRONA, “desde la Dirección General de la Guardia Civil se está llevando a cabo un estudio de optimización y racionalización de los recursos humanos y materiales de los que actualmente está dotado el SEPRONA, al objeto de incrementar su nivel de eficacia en la prestación del servicio”. Así como que “el objetivo de este estudio es incrementar la eficacia del SEPRONA, incorporando nuevos medios materiales, más tecnológicos, todo ello en el contexto actual de renovación de los medios materiales y de las infraestructuras de la Guardia Civil, cuyo estado era crítico en muchos casos debido al abandono que sufrieron entre 2012 y 2018. Por todo ello, no está prevista una reducción de las actuaciones del SEPRONA, sino todo lo contrario”.
AUGC considera muy decepcionante la respuesta del gobierno, porque los guardias civiles del SEPRONA en la provincia de Córdoba y sus legítimos representantes deberían tener información sobre un estudio que cuando se materialice afectará enormemente a dichos agentes y a sus familias. Y por mucho que el ejecutivo lo niegue, lo cierto es que esa reorganización afectaría también al relevante servicio que presta el SEPRONA en la provincia de Córdoba.
Con la finalidad de que ese proyecto no se lleve a efecto, AUGC está intensificando su actividad institucional, en el seno de la cual se reunió con el diputado Andrés Lorite, cuyo Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley instando al gobierno a la paralización de la supresión de los equipos del SEPRONA en la provincia de Córdoba.
Además, esta asociación profesional mantendrá contacto con los alcaldes de las poblaciones afectadas, para informarles de lo que conllevaría la materialización de ese estudio.
