El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha animado a los cordobeses víctimas de algún delito a probar la resolución de conflictos a través del Servicio de Mediación Penal para Adultos (SEMPA), un servicio público y gratuito que funciona desde mayo en cinco provincias y que ha comenzado su andadura en Córdoba, Málaga y Cádiz.
Nieto ha inaugurado las instalaciones del SEMPA cordobés, ubicado en la Ciudad de la Justicia, y gestionado por la entidad Imeris, que cuenta con un equipo integrado por tres profesionales (jurista, criminólogo y psicólogo) especializados en mediación. En esta línea, ha instado tanto a los ciudadanos como a los jueces de la provincia a derivar asuntos a esta vía «más ágil y satisfactoria» con la que «aspiramos a rebajar la litigiosidad, la carga de trabajo de los juzgados, reducir los tiempos de espera para la resolución de conflictos y mejorar la calidad de la Justicia».
En este sentido, el consejero ha señalado que los resultados logrados en apenas cuatro meses en las provincias donde existe este servicio desde mayo (Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla) resultan «muy esperanzadores». Así, en este periodo, han llegado a los distintos SEMPA 405 asuntos y se han logrado 98 acuerdos en un plazo medio de 45 días, frente a los «dos o tres años» que se prolonga un proceso judicial. Nieto ha destacado especialmente el «excepcional» funcionamiento del servicio en Almería, donde de los 90 asuntos derivados, ya se han alcanzado acuerdos en 60 de ellos.
Los cinco SEMPA en activo han atendido en total a 788 personas: 385 víctimas (53,50% mujeres y 46,50% hombres) y 403 victimarias (35,24% mujeres y 64,76% hombres).
José Antonio Nieto ha explicado que al SEMPA pueden acudir tanto los ciudadanos directamente, como derivados por los jueces, a quienes también ha instado a confiar en esta fórmula para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar no sólo los asuntos que se deriven a esta vía, sino también los plazos de resolución de los asuntos que no pueden ser resueltos a través de la mediación.
En este sentido, ha detallado que la mediación, por ley, está vetada para los delitos de violencia de género y sexual, aunque ha señalado que es una fórmula muy útil para delitos leves de amenazas, robos, peleas o agresiones filioparentales donde suele existir «un conflicto de fondo que muchas veces no se resuelve con una sentencia». «Se priman mucho las medidas de carácter psicológico: el perdón del agresor, la compensación de los daños que se hayan podido producir e incluso en muchos casos, la multa se ha convertido en una donación a una ONG», ha señalado.
El consejero de Justicia ha subrayado que la mediación es una vía poco explorada en Andalucía, pero en la que se viene trabajando en varios países de la UE «desde hace mucho tiempo, forma parte de lo que se conoce como Justicia restaurativa, que tiene una valoración muy alta desde el punto de vista de la convivencia. Resuelve problemas que podrían eternizarse entre las partes cuando la sentencia no es satisfactoria para ellas».
También en España comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña han logrado reducir la litigiosidad a través de la mediación y «en Andalucía también lo podemos conseguir». De ahí que impulsar esta fórmula sea una «prioridad» dentro del Plan Estratégico de Justicia para reducir la excesiva conflictividad judicial.
Andalucía acabó el año pasado con una tasa de 156,8 asuntos por cada mil habitantes, tan sólo superada por Canarias, y en el primer trimestre de 2024, la litigiosidad es de 41,28 causas por cada mil ciudadanos.
Otras medidas para promover esta vía
La creación de los SEMPA, con una inversión de 1.123.043,60 euros (139.775,45 euros en Córdoba) para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales (con una duración de 12 meses prorrogable) se completa con otras medidas, ya en marcha, como la inclusión de la mediación en el sistema de Justicia Gratuita desde el 1 de enero de este año.
Así, cualquier andaluz con derecho a un abogado de oficio puede contar con asesoramiento jurídico para procesos de mediación y se involucra a los profesionales, que perciben hasta 400 euros por su trabajo en caso de acuerdo. En el primer trimestre de este año, los abogados de oficio certificaron 18 procesos de mediación y, en el segundo trimestre, un total de 54.
En la Justicia Juvenil ya existe desde hace años un Servicio de Mediación Penal de menores, que el año pasado llevó a cabo 2.276 mediaciones con menores infractores, de las que el 80% acabaron con conformidades.
Además, la Consejería de Justicia está tramitando la creación de un Consejo Andaluz de la Mediación y la elaboración de un Registro de profesionales y entidades de mediación para que los andaluces puedan acceder a un listado de especialistas en la materia.
