Señora López Gabarro, en la toma de posesión de su cargo, usted juró o prometió cumplir y hacer cumplir la ley, pues bien, en su Consejería y por ende en el órgano colegiado que es el Gobierno de la Junta de Andalucía no se actúa diligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos legales y legítimos de los ciudadanos andaluces más vulnerables.
Mi esposa fue diagnosticada de Alzheimer en el mes de junio de 2022, después de ir superando las injustificables listas de espera para la atención de los médicos especialistas.
En noviembre del mismo año 2022, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de nuestra localidad de residencia en la provincia de Granada se solicitó la valoración de dependencia.
A finales de julio del presente año 2024, debido a la enfermedad degenerativa de mi esposa, nos trasladamos a vivir con mi hijo a una localidad de la provincia de Córdoba y en esos mismos días me puse en contacto con los servicios sociales municipales y se tramitó la solicitud de cambio de expediente.
El día 14 de agosto contactaron por teléfono desde la delegación de Granada para hacer la visita de valoración de dependencia en mi anterior domicilio. Mi vivienda había quedado vacía por mi mudanza y no parece razonable valorar una situación y una realidad que ya no existe ni para el presente ni para el futuro. Me confirmaron que la solicitud de cambio de domicilio no había llegado a la delegación de Granada.
El pasado día 16 de octubre, mi esposa ingresó de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con unos valores de anemia casi incompatibles con la vida, suponemos que por algún sitio o alguna causa tiene pérdidas de sangre, a pesar de hacer todas las pruebas razonables, los especialistas no han podido localizar la causa, ahora ya estamos en casa pero con una situación de desorientación y dependencia mucho mayor lo que nos obliga a seguir poniendo más recursos propios para su atención física y psicológica.
A día de hoy sigo sin recibir una respuesta de su Consejería que ponga en marcha la valoración de dependencia de mi esposa a la que tiene derecho.
Usted y yo sabemos que cuando un ciudadano se retrasa en el pago de sus obligaciones con el Estado, es penalizado, pero esa misma lógica no se aplica cuando es el Estado quien no cumple con sus obligaciones con el ciudadano.
Entiendo que todos nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución cuando define a España como un estado Social y Democrático de Derecho, pero si no se cumplen los derechos sociales, es muy difícil hablar de derechos democráticos en la parte más vulnerable de nuestra población, ¿Podríamos decir que el Estado incumple la Constitución que es esencia misma de su existencia?
Podrá usted decirme que los recursos son finitos y que una de las funciones de la política es priorizar unos u otros gastos, pero ese argumento no parece muy razonable cuando el partido que tiene la responsabilidad de gobierno en nuestra tierra, en Andalucía, presume de bajar impuestos. ¿Significa eso que en sus prioridades anteponen el beneficio privado de los que tienen que pagar más impuestos frente a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables? Si es así deberían tener el valor y la honestidad de decirlo expresamente en sus campañas electorales. Si es así, muestra que ustedes son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles.
Señora consejera, le recuerdo que es usted una servidora pública, es decir, tiene la obligación de servir al pueblo que le paga su salario y del mismo modo que no es tolerable que usted y el resto de los trabajadores públicos no cobren su salario religiosamente todos los meses, tampoco es tolerable que una ciudadana se vea privada de sus derechos durante casi dos años.
Usted y yo sabemos que un incumplimiento de sus obligaciones de este tipo es intolerable en la empresa privada y que tendría consecuencias para los responsables y sus puestos de trabajo, pues yo no puedo entender que lo que es intolerable en la gestión de lo privado se acepte con la normalidad de un fenómeno meteorológico en la gestión de lo público.
Mediante esta carta, le estoy emplazando a dar respuesta públicamente, ¿Se atreverá usted?
¿Tiene usted como Consejera una explicación razonable sobre el incumplimiento en el caso de mi esposa y del resto de dependientes que esperan?
¿Debería pensar que están ustedes esperando que mi esposa muera para ahorrarse lo que pudiera corresponderle?
Quedo a la espera de la solución.
A mi padre tardaron año y medio en valorarlo, de tal manera que cuando llegó la resolución asignándosele un grado 2, por indicación de su doctora hubo que pedir inmediatamente una revisión de grado para que le otorgaran el grado 3 porque ya estaba encamado, sin movilidad y totalmente dependiente. Al cabo de doce meses desde esa solicitud recibo una llamada de una trabajadora social de la Junta de Andalucía avisándome de que iba a venir a valorarlo en los siguientes días. Mi respuesta: ahórrense el viaje, mi padre lleva dos meses muerto. Vergüenza de políticos que nos gobiernan y vergüenza de quienes los votan, muchos sin darse cuenta que en su voto puede ir su ruina y la del que tiene al lado. Cuidado.
Lamento mucho lo de su padre.
Así es desgraciadamente, en demasiadas ocasiones la ayuda a la que los ciudadanos tienen derecho llega demasiado tarde.
Como bien dices, habría que pensar un poco mas cada voto que que cada cual vote a quien mejor defienda sus intereses, no las chorradas patrioteras de cuatro indocumentados que, ellos si, viven del cuento.