Un grupo de bodegas y lagares de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha reclamado hoy el amparo de la Junta de Andalucía para tratar de resolver el “déficit estructural” que padece el Consejo Regulador.
En un comunicado suscrito por Lagar de Casablanca, Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, Bodegas Robles, Bodegas Maíllo, Bodegas Doblas, Lagar de Los Frailes, Lagar Los Raigones, Lagar de La Primilla y Bodegas San Pablo, el colectivo se lamenta de la “pasividad” de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, así como de la propia Dirección General de Agricultura, a cuyos máximos responsables se ha trasladado la “grave situación” por la que atraviesa el Consejo Regulador.
“La reciente renovación del Pleno del Consejo Regulador tras un proceso electoral fallido, en el que ha concurrido una lista de presunto consenso no hace más que evidenciar el déficit democrático que padece este organismo, que lleva décadas en manos de una minoría de bodegas”, ha afirmado el portavoz del colectivo, Cristóbal Luque, quien ha insistido en la necesidad de “actualizar la normativa interna que hoy está en vigor y que impide, de facto, que pueda haber una alternancia en los órganos de dirección del Consejo”.
A juicio de las bodegas y lagares que se consideran afectadas, la aprobación de esta normativa que consagra un “injusto y arbitrario reparto de representantes” en función de las hectáreas de viñedo y de los hectolitros de vino calificados supuso “un gol por toda la escuadra a la Junta de Andalucía que, en su día, aceptó y validó una fórmula de ponderación de votos diseñada por la minoría que maneja desde siempre el Consejo Regulador”.
Por este motivo, el colectivo de bodegas y lagares de Montilla-Moriles reclama al Gobierno andaluz que “tome cartas en el asunto” para “devolver la justicia y la equidad a un organismo que, de perpetuarse en la situación que mantiene desde hace décadas, tiene todos los visos de acabar con una DOP histórica, atenazada por la alarmante pérdida de superficie de viñedo, por el paulatino descenso de ventas y por una ausencia de democracia en sus órganos de representación”.
En ese sentido, Cristóbal Luque pone de relieve que “es la Junta de Andalucía la que tiene la potestad y las competencias necesarias, además de la obligación de tutela efectiva de un organismo público como la DOP Montilla-Moriles”, motivo por el cual el colectivo le reclama su intervención “cuanto antes”.
“El sector necesita seguridad jurídica y procedimental para poder operar con certeza y con la información necesaria que garantice la importante labor de todos los operadores: viticultores, lagares, cooperativas y bodegas, sean más grandes o más pequeñas”, sostiene Cristóbal Luque, quien insiste en la necesidad de que el Gobierno andaluz “haga suyo el problema” y “lo afronte con decisión, por muchas presiones que pueda recibir en contra de este proceso histórico de renovación, de saneamiento y de actualización acorde a los tiempos y a las demandas de hoy”.
Desde el colectivo de bodegas y lagares aseguran estar “preparados para contribuir al entendimiento en el sector” y disponer de “ideas y fórmulas para recomponer y revitalizar” la DOP Montilla-Moriles. “El trabajo esforzado de muchas de nuestras bodegas y nuestra implicación en proyectos innovadores nos avalan, pero necesitamos que la Junta de Andalucía atienda unas demandas que consideramos justas porque van en beneficio de todo el marco Montilla-Moriles”, sostienen.
