El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera que las circunstancias en que se encuentra el desarrollo normativo de la nueva PAC y los presuntos errores formales en la tramitación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en Bruselas, ocasionan tal inseguridad jurídica en la aplicación de la misma, que debería atrasarse, al menos un año, su aplicación hasta que se conozcan todos los detalles de la misma y se aclararan todas las incertidumbres que conllevará su aplicación, que “lejos de apostar por dar la mayor libertad al agricultor y al ganadero, impone una serie de normas, aún desconocidas en sus detalles, que atentan contra la soberanía alimentaria nacional y la orientación al mercado de las explotaciones”.
Ante esta situación en el comienzo del año agrícola, los agricultores y ganaderos tienen que decidir en estos días qué cultivos van a sembrar y cómo van a planificar sus explotaciones. Y todo ello deberán hacerlo “sin conocer las reglas de juego, ni la normativa que hay que aplicar”, sin que se sepa la fecha en que se va a publicar los reales decretos que marquen los criterios a seguir, con “graves incoherencias, errores y dudas en los borradores de esa normativa que están circulando, si saber el valor de sus derechos de pago básico, etc”.
Asaja considera “inadmisible” que se trate así al campo español, andaluz y cordobés, lo cual es, cuanto menos, “una falta de respeto a todos los agricultores y ganaderos”. Y encima, con una nueva PAC que traerá “menos dinero, más obligaciones, más burocracia y reducirá las producciones, lo que será muy perjudicial para la economía de todos nuestros pueblos”.
A esto hay que añadir las dudas jurídicas sobre la tramitación del PEPAC por parte del Ministerio de Agricultura, pues hay “presuntos hechos fundados de que tiene importantes errores formales, al no haber respetado algunos plazos ni haber cumplido los requisitos de transparencia a los que obligan los reglamentos comunitarios ni la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, lo que podría, de no subsanarse la presunta infracción cometida por parte del Ministerio de Agricultura, terminar viciando de nulidad cualquier acto del mismo.
Por todo ello, Asaja Córdoba ha presentado sendas quejas a la Comisión Europea y al Defensor del Pueblo de España para garantizar la seguridad jurídica de todos los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales que soliciten las ayudas de la PAC.
Conviene recordar que el ministerio, durante todo el proceso de elaboración del PEPAC, “ha ignorado al sector, se ha limitado a imponer sus propuestas sin diálogo”. Además, en sus numerosas visitas a Córdoba, nunca se ha reunido con las organizaciones agrarias y las cooperativas de la provincia para escuchar sus propuestas, imponiendo “una pésima PAC para los agricultores y ganaderos de Córdoba y Andalucía” que hará perder millones de euros a los mismos; y será un “varapalo para la economía de todos los pueblos de la provincia”. Las pérdidas en Andalucía, sólo por las ayudas de la PAC, serán de 500 millones de euros en los años de aplicación de la nueva PAC.
La organización agraria señala que esta nueva PAC “viene marcada por la falta de consenso y el rechazo que ha suscitado en el campo la tramitación del PEPAC por romper los equilibrios territoriales, por dañar el modelo social y profesional de agricultura, por elaborarse sin diálogo real, sin estudios de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos”.
Por todo ello, Asaja Córdoba considera que, ante tantas dudas e incertidumbre, a pesar de que las nuevas normas de la nueva PAC contenidas en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) deberán entrar formalmente en vigor el 1 de enero de 2023, que es unos meses después de que comience el año agrícola. Por ello, ante las dudas jurídicas que hay sobre la tramitación de PEPAC, debería retrasarse la aplicación de la nueva PAC, al menos un año, para dar seguridad jurídica a todos los agricultores y ganaderos.
