El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha valorado positivamente que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dé por acabado el Impuesto de Sucesiones, si bien la organización agraria exige, como lleva demandándolo desde hace años, que se garantice su eliminación total.
Fernández de Mesa ha hecho esta valoración después de que, según informa hoy el Diario de Sevilla, Susana Díaz haya dejado, meridianamente claro que su posición es la de dejar morir al Impuesto de Sucesiones. Por dos motivos, porque su voluntad es la de cumplir el acuerdo parlamentario con Ciudadanos y porque cree que este impuesto ha sufrido “un proceso de deslegitimación”, en el que se han empleado argumentos injustos, pero también justos.
Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.
Esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. La organización agraria considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
