La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado al movimiento asociativo de Granada la nueva Ley de Servicios Sociales, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno, destacando que «la norma reconoce el derecho a tener asignada una persona profesional de referencia que dé continuidad e integralidad a la atención que se preste a la persona usuaria, que podrá ser atendida, si fuera preciso, en su propio domicilio«.
Sánchez Rubio ha explicado que «este profesional se encargará de ayudar a la ciudadanía en la toma de sus propias decisiones, además de valorar, planificar, coordinar y prestar una atención de calidad. Es decir, esta nueva norma autonómica incorpora la capacidad de prescripción de los profesionales de los servicios sociales, lo que supone una novedad significativa, junto con la participación del usuario en la toma de decisiones sobre su situación social».
Según Sánchez Rubio «la nueva ley blindará las competencias en materia de servicios sociales de las corporaciones locales, clave para el desarrollo del sistema público de protección social, porque las necesidades de las personas deben solucionarse en su pueblo, en su barrio, en su ciudad y, por tanto, por la administración más cercana a la ciudadanía». La ley de reforma local ha puesto en riesgo la competencia en la prestación de servicios sociales por las corporaciones locales y «los servicios sociales fijan y unen la población al territorio, son generadores de empleo y además acercan los servicios a las personas allá donde viven».
Entre otros aspectos novedosos, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha anunciado que «se establece, igualmente, la posibilidad de que la persona usuaria deje constancia de su voluntad anticipada sobre la forma en que quiere ser tratada y los recursos que quiere recibir en previsión de una incapacidad futura».
En lo concerniente a los procedimientos de intervención en los servicios sociales, la consejera ha anunciado que se establecen dos instrumentos técnicos necesarios, «la tarjeta social, de la que serán beneficiarias todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales, y la historia social digital única, una herramienta electrónica que integrará en un único documento datos de las personas, de manera que los profesionales y los propios interesados cuenten con la información más precisa posible para una mejor atención integral».
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que «se trata de una norma en la que la ciudadanía ocupa el lugar central y más destacado, puesto que nace con la intención de consolidar y blindar un verdadero sistema público de servicios sociales en Andalucía, garantizando prestaciones básicas con un acceso universal«.
Para Sánchez Rubio, «no es una norma cualquiera, ya que supone un importante paso y un salto cualitativo del que se beneficiarán todos los andaluces, con especial atención a aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad».
La consejera ha realizado una exposición detallada del texto de la ley, destacando también que la norma «mandata, en el plazo de un año desde su aprobación, a la elaboración de un catálogo de prestaciones, en el que se definirán las prestaciones garantizadas, es decir, aquellas que se establecen como derecho subjetivo de la ciudadanía».
Entre las prestaciones garantizadas se encuentran, por ejemplo, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento, la atención en urgencia social y los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la lucha contra la exclusión y a la erradicación de la marginación y la desigualdad y las prestaciones ligadas a la dependencia que garantizaba la ley estatal.
Servicios Sociales y dependencia
Sánchez Rubio ha expuesto al movimiento asociativo de Granada que los servicios sociales de la provincia atienden a más de 210.000 granadinos cada año, y que más de 21.700 personas de la provincia están en situación de dependencia, beneficiándose de más de 28.000 prestaciones (entre ellas, más de 7.100 de ayuda a domicilio, más de 8.200 de teleasistencia o más de 4.400 de atención residencial y centros de día).
La consejera, quien ha animado a los profesionales del sector de los servicios sociales, que atienden a casi dos millones de personas en Andalucía, a participar en la tramitación del proyecto de Ley de Servicios Sociales, ha asegurado que «para la elaboración de esta ley se han tenido en cuenta 2.119 aportaciones de corporaciones locales, diferentes departamentos de la administración de la Junta de Andalucía, colegios profesionales, agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil».
Por último, Sánchez Rubio ha destacado la importancia de esta norma «justa y necesaria, que nos sitúa a la cabeza de nuestro país en derechos y bienestar social».