La Cámara andaluza ha refrendado el Pacto Andaluz por el Agua, con los votos favorables de los grupos parlamentarios Popular Andaluz, Ciudadanos y Vox, y la abstención de Adelante Andalucía
«Finaliza un procedimiento modélico que se ha prolongado durante año y medio, respetando la metodología aprobada por todos los grupos y bajo su continua supervisión. El resultado de todo ese trabajo son cien propuestas con el consenso mayoritario que marcan la ruta a seguir por todas las administraciones, en muchas de las cuales ya viene trabajando el Gobierno andaluz», ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha recordado que el pacto se impulsó con el respaldo unánime de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Las líneas estratégicas para la política del agua, se definen como objetivos prioritarios:
- el cumplimiento de los planes hidrológicos
- la decidida apuesta por la depuración y las aguas regeneradas
- el respeto por los caudales ecológicos, la actualización y desarrollo de la legislación en pro de la agilidad y seguridad jurídica, con especial atención al ciclo integral del agua y a garantizar el mínimo vital
- lograr una administración moderna, transparente y participativa
- efectuar una revolución digital de la gestión del agua, y fomentar una administración sostenible de los recursos.
Giro de 180 grados
En la anterior etapa, la política hidráulica de la Junta de Andalucía había sido condenada a una «lenta agonía». «En menos de dos años, le hemos dado un giro de 180 grados, pero queremos más y un cambio tan radical precisa del número máximo de apoyos», ha recordado.
Crespo ha destacado el éxito que supone haber movilizado a toda la sociedad andaluza, escuchando a todos los sectores, debatiendo sus propuestas y sometiéndolas a consideración de los órganos de participación del agua, que estaban desmantelados desde 2015.
«El agua es una obligación de todos y este pacto nos atañe a todos», ha subrayado Crespo, quien ha aplaudido que «desde hoy Andalucía cuenta con las líneas estratégicas para la política del agua«, lo que permite definir los objetivos prioritarios y «tener claro qué reformas se requieren».
