Los 1.500 millones de euros de la PAC que suponen el 30% de los ingresos de 272.000 agricultores y ganaderos andaluces están en riesgo ante el caos generado en el proceso de tramitación
La Consejería de Agricultura de Andalucía, la región con más agricultores de España, carece de los medios técnicos y humanos suficientes para tramitar y gestionar adecuadamente las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Un mes después de que se abriera el plazo para la solicitud de estos pagos que concede la Unión Europea y que representan el 30% de los ingresos del campo andaluz los agricultores y ganaderos no cuentan aún con la normativa que los regula, no han tenido respuesta a la solicitud de ayudas agroambientales ni a las alegaciones y correcciones de errores de la campaña anterior y además, durante las tres primeras semanas del periodo oficial de solicitud, ha estado inoperativa la plataforma informática para tramitar las ayudas.
Si bien la reglamentación establece que el periodo de presentación de solicitudes va del 1 de febrero al 30 de abril, con lo que los agricultores y ganaderos cuentan teóricamente con tres meses para tramitar en las organizaciones agrarias y entidades reconocidas sus solicitudes, el hecho es que ante este cúmulo de despropósitos en todo el mes de febrero se han presentado menos de 500 expedientes en toda Andalucía, cuando deberían haberse presentado ya unos 90.000 expedientes, a razón de 4.500 diarios, para poder cumplimentar adecuadamente los 272.000 expedientes de ayudas de la PAC que se presentan anualmente en Andalucía, la región de España que más solicitudes tramita.
Esta ceremonia de la confusión se ve agravada en la presente campaña por la confluencia en los 42 días que quedan hasta el 30 de abril de trámites y gestiones que antes se podían hacer a lo largo de todo el año. En esta particular “cuaresma” los agricultores y ganaderos que quieran mantener su actividad, cumplir la normativa y percibir los pagos de Bruselas deben presentar: la solicitud de ayudas del pago básico y el pago verde, la solicitud de ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de derechos, así como las alegaciones al SIGPAC, para corregir los errores que detecten en el sistema de información geográfico de parcelas.
La presentación de toda la documentación y la realización todos estos trámites, que es ya de por si compleja en un periodo tan corto, se torna una misión imposible si se carece de la normativa que la regula. Un mes después de que se abriera el plazo oficial de solicitud no tenemos aún la orden de ayudas agroambientales para los sistemas leñosos (vid y almendro), para la dehesa, para la uva pasa o el castaño; no tenemos aún las resoluciones de las ayudas agroambientales de la campaña 2015 (algodón, remolacha, arroz, olivar, apicultura, razas autóctonas y agricultura y ganadería ecológica, entre otras); está también pendiente de publicación el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), fundamental para que los ganaderos conozcan cuál es la superficie de su explotación por la que pueden solicitar la ayuda, está igualmente pendiente de publicación el censo de la dehesa, requisito imprescindible para solicitar la ayuda agroambiental de la dehesa; tampoco se ha publicado la orden del SIGPAC 2016, por lo que no se pueden presentar alegaciones para corregir los errores detectados, y además están aún sin notificar las alegaciones al SIGPAC de 2015, por lo que el agricultor no sabe si la denuncia del error que detectó la pasada campaña ha sido atendida y corregida o no.
La lista de despropósitos a la que lleva el solapamiento, la descoordinación, la falta de medios técnicos y humanos y la falta de normativa supera ampliamente el espacio de un comunicado de prensa. Este escenario provoca enormes perjuicios a los agricultores y ganaderos, que están en situación de indefensión, no pueden solicitar créditos de campaña ni adelantos en sus ayudas y ven en riesgo la percepción de las mismas por los errores que puedan cometer al presentar una declaración a ciegas.
Por todo ello, ASAJA-Andalucía insta a la Junta de Andalucía a dotar a la Consejería de Agricultura de los medios técnicos y humanos suficientes para gestionar los expedientes que los agricultores y ganaderos andaluces deben presentar en menos de dos meses y le insta a publicar urgentemente la normativa que regula las ayudas para que puedan presentarse las 272.000 solicitudes en los 42 días de plazo que nos quedan.
En la vía de encontrar una solución urgente a este problema el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, como máximo representante de la organización agraria que más solicitudes tramita en la región, ha pedido una reunión urgente a la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, para plantear soluciones a estos problemas y para solicitar una mayor inversión en la gestión y tramitación de estas ayudas que son fundamentales para la renta agraria y la economía de la región.
