Mientras que ya ha salido aprobado el proyecto de ley que garantiza la continuidad y simplificación de los procedimientos de evaluación ambientalel, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido 2.800 autorizaciones para fomentar las actividades económicas en Andalucía.
Proyecto de ley que garantiza la continuidad y simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental
El Parlamento andaluz ha dado luz verde al proyecto de Ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) para adaptarla a la norma estatal de Evaluación de Impacto Ambiental, una iniciativa que contribuirá al fomento de la actividad económica y a la creación de empleo en Andalucía. Con ello se evita además problemas de interpretación y discrepancias entre ambas normativas, garantizando tanto el mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e institucionales.
En relación con la legislación de calidad ambiental, el proyecto introduce tres novedades. Por un lado, los ajustes normativos permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU), vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no previsto en la legislación básica estatal. En segundo lugar, se unifican los procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación. Finalmente, se elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35 actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por parte de sus promotores.
La primera de estas novedades permitirá seguir aplicando en Andalucía la fórmula de la AAU, que integra en una resolución única la declaración de evaluación de impacto ambiental y todos los demás pronunciamientos sobre esta materia en ámbitos como el forestal, los espacios naturales protegidos, la gestión del agua o las vías pecuarias, todos ellos competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al tramitarse de una vez, la AAU simplifica y acelera múltiples procedimientos administrativos que pueden afectar a una actividad o proyecto.
Además de los cambios referidos a la evaluación ambiental, el proyecto modifica también la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía con el fin de garantizar al máximo la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio. Para ello se cambia, de positivo a negativo, el sentido del silencio administrativo en caso de que el órgano competente en materia de agua no emita sus informes en el plazo previsto de tres meses. Con la modificación aprobada, esta circunstancia se entenderá como un pronunciamiento desfavorable.
2.800 autorizaciones para fomentar las actividades económicas
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha concedido alrededor de 2.800 autorizaciones ambientales unificadas (AAU) y está tramitando casi otro medio millar para la puesta en marcha de determinados proyectos y actividades económicas en la comunidad autónoma.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero, José Fiscal, ha asegurado que este permiso, no previsto en ninguna otra ordenación jurídica, es clave a la hora de equiparar la necesaria protección al medio ambiente y su requerimiento con la escala de la actividad económica a desarrollar. Además de las AAU, la Consejería ha otorgado también 570 autorizaciones ambientales integradas (AAI) a empresas que desarrollan su actividad en Andalucía.
Fiscal ha destacado los esfuerzos realizados por la Junta para simplificar en un permiso único los distintos procedimientos administrativos de prevención y control ambiental que actualmente se exigen para algunos proyectos. En esta línea ha afirmado que la burocracia ambiental no debe suponer una traba para el desarrollo del tejido empresarial, sino todo lo contrario. Para el consejero la protección ambiental debe convertirse en un activo más de la actividad económica, fomentando la sostenibilidad del sector productivo y la innovación técnica, para lo cual las empresas cuentan con el apoyo y colaboración de la Junta.
Un ejemplo de ello es que la Consejería ha facilitado más de 1.500 cuestionarios a las industrias de los sectores afectados por la norma que actualiza la Autorización Ambiental Integrada, además de realizar un total de 124 visitas de asesoramiento para determinar la obligación o no de la instalación a renovar dicho permiso.
