El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha afirmado en el Parlamento que el Gobierno andaluz no va a avalar un aumento de la edificabilidad residencial, en función del número de habitantes por vivienda, que ocasione perjuicios ambientales, y que disminuya la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos en beneficio de unos pocos, es decir no aceptará modelos que se alejen de las pautas de sostenibilidad urbana por las que apuesta el Ejecutivo andaluz.
No obstante, ha explicado que la consejería valorará, de forma excepcional, las necesidades especiales de municipios que sean peculiares y que precisen una estructura distinta, para lo cuál se estudiarán los informes que se realicen. Hay que destacar que la variación del coeficiente habitante por vivienda deberá estar siempre incluido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y no provocar una disminución de la calidad ambiental a causa del crecimiento de las zonas residenciales.
Fiscal ha recordado que, en estos momentos, se está tramitando una nueva modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que es posible introducir criterios objetivos y consensuados que permitan una regulación que especifique con claridad qué condiciones y trámites deben darse para que un municipio pueda variar en su Plan de Vivienda y Suelo el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda. Una cifra que se fijó en la Orden de 2008 para el cálculo poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico y ajustada al supuesto número medio de personas que hoy conforman un hogar.
Este coeficiente, que según las previsiones de ocupación de hogares subirá ligeramente a medio plazo, ha servido de guía estos años para que la planificación urbanística adecuara el número de viviendas previstas a la población real. No en vano, el propio Pacto Andaluz por la Vivienda y la Mesa de Concertación Social de Andalucía acordaron que el crecimiento urbanístico se adaptara a la evolución real de la población y al tamaño actual de los hogares andaluces.
En este sentido, Fiscal ha explicado que en el supuesto de que un plan municipal de vivienda y suelo propusiera un aumento de esta ratio, debería justificar con claridad la razón por la que en un municipio se dan condiciones excepcionales que concluyan que el número de habitantes por vivienda es inferior a la media autonómica y nacional.
En el transcurso de su intervención, el consejero ha informado que el Instituto Nacional de Estadísticas baraja que este índice suba al 2,6 para 2023, una cifra muy similar a la que establece la citada orden y que va a permitir que, al menos en este punto, la planificación urbanística se realice con una base y con criterios sólidos a la hora de diseñar una ciudad.
En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha dejado claro que la ocupación de los hogares andaluces no podrá ser utilizada con carácter general como argumento para que el mercado de viviendas aumente por encima de las necesidades reales.