La Junta incorpora 44 funcionarios de refuerzo a los juzgados e impone sanciones a los bancos de más de 9,1 millones por cláusulas suelo en las hipotecas

La Junta de Andalucía ha reforzado este año sus medidas de apoyo a la ciudadanía en la defensa de sus derechos frente la introducción de ‘cláusulas suelo‘ en los contratos hipotecarios de viviendas. Así se recoge en sendos informes presentados al Consejo de Gobierno por las titulares de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y Salud, Marina Álvarez, sobre las iniciativas llevadas a cabo por sus departamentos en este ámbito.

De un lado, la Consejería de Justicia e Interior ha incorporado a 44 funcionarios nuevos y ha adaptado los espacios y los medios informáticos de los ocho juzgados andaluces encargados de las demandas contra esta práctica abusiva, con una inversión de 750.000 euros en 2017 y una previsión de 2,8 millones para su mantenimiento el próximo ejercicio. Además, en lo que va de año, el Gobierno andaluz ha impuesto sanciones por un importe total de 9,1 millones de euros a siete entidades bancarias, a partir de denuncias de particulares tramitadas en el marco de la campaña de que la Inspección de Consumo lleva a cabo contra este tipo de abusos.

En relación con el refuerzo de juzgados, Rosa Aguilar ha señalado que se realizan en cumplimiento del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que entró en vigor en junio de 2017, después del fracaso del mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno de España.

En aplicación del plan de urgencia, los juzgados andaluces se reforzaron en junio con 23 funcionarios y en septiembre con ocho más. A partir de este mes se suman otros 13. De esta forma, y tal como fue acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta incorpora a un total de nuevos 44 funcionarios en los ocho juzgados de Primera Instancia a los que el CGPJ encargó el pasado mes de junio la gestión exclusiva de las demandas por cláusulas suelo en hipotecas.

Además de los refuerzos de personal, la Consejería de Justicia e Interior también lleva a cabo desde julio de 2017 un programa de formación específico para los funcionarios que se incorporan, así como una serie de adaptaciones del sistema informático para que los órganos judiciales puedan trabajar conforme al nuevo modelo.

Sanciones
Por su parte, la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha presentado al Consejo el balance de las iniciativas desarrolladas por su departamento en la defensa de los consumidores frente a los abusos de las entidades bancarias. Con el expediente sancionador al BBVA aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, son ya siete los resueltos en relación con la introducción de cláusulas suelo, por un importe total de 9,1 millones de euros. Esta cantidad incluye el comiso de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de una disposición de la legislación andaluza de defensa de los consumidores, que la estatal no recoge. Andalucía es una de las comunidades pioneras en aplicar esta medida.

Desde que en el año 2013 una sentencia del Tribunal Supremo declarara nulas las cláusulas suelo si se había producido una falta de transparencia (cuya retroactividad reconoció posteriormente, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), las entidades financieras han sido objeto de 462 procedimientos sancionadores en Andalucía (un 3,17% del total de 14.470 resueltos por la Junta), con unas multas por importe superior a los 13,4 millones de euros (32% del total).

El asesoramiento de la Administración autonómica a la ciudadanía se ha llevado a cabo a través del servicio Consumo Responde, que en lo que va de año se han atendido 2.273 consultas relacionadas con el ámbito financiero, frente a las 661 que se registraron en todo el año 2016 (un 6,26% del total).

Las reclamaciones recibidas sobre los bancos en el mismo periodo han alcanzado la cifra de 1.386 reclamaciones sobre entidades financieras (10,1%). De ellas, 112 han estado vinculadas a la introducción de cláusulas suelo en hipotecas (2.899 desde 2013).

Si se toma como referencia la fecha de puesta en marcha del Registro Autonómico de Consumo, desde 2013 se han contabilizado 10.574 reclamaciones relacionadas con el sector financiero (9,6% del total), a lo que se suman las 1.434 inspecciones realizadas en este sector.

Las denuncias presentadas por la ciudadanía ante la Consejería de Salud, competente en materia de consumo, son mayoritariamente a título particular, aunque también se canalizan a través de asociaciones de personas consumidoras y usuarias. La cuantía de las sanciones impuestas a cada entidad se calculan en base a las denuncias que han dado origen a cada uno de los expedientes. A la hora de abrir los procedimientos, se priorizan los casos de mayor alcance para dar la respuesta más amplia posible, teniendo en cuenta los plazos normativos, los recursos existentes y el número de personas afectadas.

Simulador
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha sido la primera administración en habilitar un simulador de cláusulas suelo. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2016, ha recibido 136.016 visitas de personas y ha realizado un total de 143.805 simulaciones. Esta herramienta ofrece cálculos que intentan aproximarse lo máximo posible a la cantidad que deben abonar los bancos, pero siempre se advierte de que las cuantías finales las debe calcular la entidad bancaria.

En el informe presentado al Consejo de Gobierno, la consejera de Salud ha subrayado la creciente tendencia de la ciudadanía a la movilización para reclamar a sus bancos. “La Junta de Andalucía ha sido sensible a esta tendencia, tomando un papel activo respecto a la protección de las personas consumidoras y usuarias ante las entidades financieras, y poniendo en marcha diferentes medidas legislativas, de información y asesoramiento”, ha señalado Marina Álvarez.

Además de la legislación que se aplica en las sanciones por cláusulas suelo, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias. El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.

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