Sánchez Rubio subraya que la nueva Ley de derechos de las personas con discapacidad refuerza las medidas y obligaciones para garantizar la normalización e igualdad de oportunidades y asegurará también reservas de plazas en formación y empleo
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado en el Pleno del Parlamento sobre el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que consolidará las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad (el 61% mujeres y casi el 10% de la población total). Durante su intervención, ha subrayado que esta nueva norma refuerza las medidas y obligaciones para garantizar la normalización y la igualdad de oportunidades.
El proyecto de Ley fue aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y partirá de los avances conseguidos con la ley de 1999 ahora vigente, cuyo desarrollo se concreta actualmente en un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros.
Sánchez Rubio ha destacado que «de acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, la norma incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador«.
La consejera ha recordado que «a diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas«.
De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
Igualmente novedoso «es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo», ha informado Sánchez Rubio.
Novedades en el ámbito formativo y del empleo
En el ámbito formativo y del empleo, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que «la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica, con un mínimo de una, independientemente del total convocado. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario».
También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Centros especiales de empleo
Para la consejera, «una novedad destacada es la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad). En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad».
En el área educativa, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También es novedosa la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo de actividades extraescolares.
A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.
Accesibilidad universal
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha subrayado que «garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999 que sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades«.
En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.
Sánchez Rubio ha resaltado que «la futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social«.
«En materia de vivienda, se consolida la reserva de un 4% de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas ‘viviendas convertibles’, diseñadas con el fin de permitir su fácil adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas», ha subrayado la consejera.
Turismo accesible
Otra novedad respecto a la ley anterior es la inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este sentido se dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles (habitaciones de hoteles, albergues, teatros, residencias de estudiantes) y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, se establece que el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.
Igualmente novedosa es la previsión de crear un órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esta junta arbitral se completará con otra en colaboración con la Administración central para los conflictos que exceden del ámbito autonómico.
Por último, durante su intervención, Sánchez Rubio ha informado que «el texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica o la salud«.
Actualmente, en el 22% de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000 personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% por los Centros de Valoración y Orientación. De ellas, 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte, 60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).