La Junta elabora una guía de recursos sociales destinada a los juzgados para apoyar a las víctimas de desahucios
Esta iniciativa es fruto del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el CGPJ y la FAMP para evitar los efectos socioeconómicos de las ejecuciones hipotecarias
La Junta está elaborando una guía con los recursos sociales autonómicos y municipales que pondrá a disposición de los juzgados andaluces con el objetivo de apoyar a las personas afectadas por procedimientos judiciales de desalojo de sus viviendas, y que puedan de esta forma acceder a este apoyo institucional para afrontar su situación.
Esta guía recogerá todos los servicios y recursos sociales de los que disponen los ayuntamientos y el Gobierno andaluz para ayudar a las personas afectadas por los desahucios, mientras que los órganos judiciales se encargarán de informar sobre ellos a las personas incursas en estos procesos.
La Administración autonómica, bajo la supervisión del Consejo General del Poder Judicial y dentro del programa judicial Adriano, adaptará los formularios procesales para incluir la información sobre los citados servicios y recursos.
La iniciativa ha sido una de las primeras acciones acordadas en el seno de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el objetivo de abordar de manera coordinada la respuesta ante el problema de los procedimientos judiciales relacionados con el desalojo de viviendas.
El propósito de esta guía es anticipar la intervención de los servicios sociales autonómicos y municipales y facilitar que la ciudadanía afectada por este problema tenga un acceso más rápido a estos recursos e información y puedan, de esta forma, activarse los mercanismos correspondientes de protección y búsqueda de soluciones.
Según el acuerdo suscrito por la Junta, la FAMP y el CGPJ, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en los servicios sociales locales y en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, que jugará un papel destacado como ventanilla única ante los órganos judiciales.
Fruto del convenio con la Junta y la FAMP, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a impulsar las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
