ASEMESA prepara su defensa contra la denuncia antidumping y antisubvenciones presentada en EEUU contra las exportaciones de aceituna negra procedente de España presentada por dos empresas aceituneras californianas.
El pasado 21 de junio dos empresas aceituneras de California presentaron ante las autoridades competentes de EEUU una petición para la imposición de derechos antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de aceitunas negras procedentes de España, sosteniendo que dichas importaciones se están realizando a bajo precio y están siendo subvencionadas
ASEMESA es la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa que tiene como misión principal la defensa y coordinación de los intereses de dicha industria por lo que actualmente se encuentra en contacto con la administración española y europea con el objetivo de coordinar la defensa de los exportadores de aceituna negra españoles.
“ASEMESA está preparando su defensa en contacto con las administraciones nacional y europea, con la seguridad de que los argumentos en que se basan estas acusaciones son falsos, por lo que estamos recabando toda la información y pruebas necesarias”, explica Antonio de Mora, Secretario General de la Asociación.
Esta semana Asemesa ha mantenido reuniones con representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, integrada en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y con responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad porque vamos a demostrar que las acusaciones no tienen fundamento y nuestras empresas operan dentro de la legalidad de la UE y la Organización Mundial del Comercio”, afirma Antonio de Mora.
¿Ante qué tipo de procedimientos nos encontramos?
Si tras el examen de la denuncia las autoridades estadounidenses consideran que existe fundamento suficiente, se abrirían dos investigaciones paralelas, una antidumping y otra antisubvención, que podrían concluir con la imposición de derechos antidumping y compensatorios sobre las importaciones de aceituna negra procedentes de España.
En este momento, ambos procedimientos se encuentran en su fase preliminar, que concluirá con una decisión acerca de la continuación o bien la terminación de los procedimientos sin imposición de medidas.
Un intento de aprovechar la coyuntura proteccionista de Trump
En esos términos se ha expresado el Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro que ha transmitido a Asemesa, todo su apoyo ante la «oportunista, injustificada e injusta» denuncia por dumping de Estados Unidos.
La Consejería, que ha puesto al servicio del sector su asesoramiento jurídico y técnico, presentará «cuanta información sea necesaria» para demostrar que las ayudas que recibe este cultivo son mucho menores que las que alegan los competidores californianos de la denominada Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Negras, a la vez que son «más que legítimas y compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)«. Un punto en el que ha alegado que, «por si fuera poco», este producto ya afronta, además de otras barreras, el pago de los aranceles más altos para la entrada en ese país.
Sánchez Haro ha aseverado, en este sentido, que «ya hemos contactado y trabajaremos de la mano de la unidad de antidumping del Departamento de Comercio Exterior de la Comisión Europea (CE)», porque «no podemos permitir que esta reclamación ponga en riesgo el principal mercado de exportación para las empresas españolas y, por tanto, andaluzas de aceitunas negras«.
A su juicio, no es más que un intento de aprovechar la coyuntura proteccionista de Trump con alegaciones «carentes de todo fundamento», sin olvidar su carácter «discriminatorio» al apuntar solo a España. En este sentido, al eximir a otros productores como Egipto, Turquía, Marruecos o Argentina, se situarían en una situación muy favorable con respecto a España al no verse afectados.
La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría suponer el cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros (700 millones de euros, en el peor de los casos, si este cierre se prorrogara durante un segundo lustro).