El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado, con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y VOX, el Decreto ley 7/2021, de 27 de abril de reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID 19).
Así, se reduce el tipo general aplicable en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas a la transmisión de inmuebles y a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, pasando de los tipos del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. Asimismo, se rebaja el tipo de gravamen general para los documentos notariales, en Actos Jurídicos Documentados, pasando del 1,5% al 1,2%.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido durante su intervención el empleo de las competencias fiscales autonómicas como «un elemento más de política económica para la recuperación» de Andalucía, y ha destacado que con la bajada de ITPAJD que contempla el Decreto ley, en vigor desde el pasado 28 de abril, «se retorna a los tipos existentes en Andalucía en el año 2011, antes de la subida fiscal de enero de 2012».
Bravo ha apuntado que son dos los objetivos que se persiguen con esta iniciativa. De un lado, «impulsar la actividad y reactivar el empleo en el sector inmobiliario gravemente afectado por la crisis» y, de otro, «aliviar de manera considerable la carga fiscal de los ciudadanos en el acceso a la vivienda», especialmente en la coyuntura actual de crisis económica fruto de la pandemia.
Así, ha puesto como ejemplo la compraventa de una vivienda de segunda mano de 150.000 euros que antes, con el tipo del 8%, generaba una cuota tributaria por TPO de 12.000 euros, y que desde el pasado 28 de abril se reduce a 10.500 euros al aplicar un tipo del 7%, lo que se traduce en un ahorro para el contribuyente de 1.500 euros.
El consejero ha señalado que el contenido del Decreto ley, que tendrá una vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, supone un adelanto de las medidas más profundas que contempla la Proposición de Ley de reforma integral de los Tributos Cedidos de Andalucía presentada en la Cámara andaluza por los grupos de PP, Ciudadanos y VOX, y que iniciará ahora su tramitación parlamentaria.
Se sigue así, ha dicho Bravo, ahondando en el cambio en el sistema tributario andaluz, ya emprendido con la rebaja fiscal de abril de 2019, que supuso la bonificación al 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II; la reducción de los tramos autonómicos del IRPF y de los tipos aplicables por tramos; la implantación de un tipo reducido (3,5%) en Transmisiones Patrimoniales Onerosas para familias numerosas; y la eliminación del tipo incrementado de AJD (del 2% pasó al 1,5%). Posteriormente, se han adoptado otras medidas como la reducción de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio a través de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.
Con el Decreto ley convalidado se da también continuidad a las medidas urgentes aprobadas por la Junta de Andalucía para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19. En materia tributaria, el consejero de Hacienda ha recordado que se estableció una prórroga para la presentación e ingreso de autoliquidaciones de tributos propios y cedidos de gestión autonómica, así como una ampliación del plazo de presentación y pago de ITPAJD de tres meses adicionales durante el primer estado de alarma, o la línea de avales acordada con Garántia para cubrir al 100% hasta 600 millones de euros en préstamos para pymes y autónomos, a la que se sumó posteriormente la posibilidad de subvencionar el coste del aval y el pago de parte de los intereses, entre otras iniciativas.
