La Diputación de Córdoba destinará un total de 315.214 euros a 74 ayuntamientos de la provincia de Córdoba para que las entidades locales puedan cumplir con la normativa estatal que obliga a la retirada de amianto en los municipios antes de 2028. Se cumple así con el acuerdo adoptado en el Pleno de la institución provincial del pasado 16 de octubre, en el que se aprobó esta línea de subvenciones para auxiliar a los ayuntamientos, que deben contar con un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario que planifique su retirada.
El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha informado de que “hemos gestionado en muy poco tiempo estas ayudas, porque éramos conscientes de las necesidades de nuestros municipios”. En total se destinarán 315.214 euros a los 74 ayuntamientos que la han solicitado, con una cuantía media de 4.250 euros por municipio.
Fuentes ha explicado que la parte subvencionada se centrará en la primera etapa del proceso que contempla la ley y que supone la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en los municipios. Así, en una primera fase de exploración “el objetivo será obtener una relación de aquellos emplazamientos e instalaciones con amianto, cuando se conozca, o con alta probabilidad de contener amianto, por ejemplo, por el año de construcción o de fecha de reformas o rehabilitaciones realizada”. De esta forma, ha continuado, “se puede descartar una gran parte de los emplazamientos e instalaciones y centrar los recursos de identificación en aquellos en los que sea más factible encontrar amianto”.
La ayuda aportada por la Diputación de Córdoba también cubrirá la redacción del contenido del censo. En esta etapa, “se debe recoger la información que permita priorizar las actuaciones de retirada, en base al grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable”, según ha explicado el presidente de la Diputación.
Así, como mínimo, debería contener el año de construcción o de rehabilitación (considerar las reformas que se hayan llevado a cabo), titularidad, localización, uso, ocupación (número de personas), tabla resumen de los materiales con amianto inspeccionados que incluya el nivel de riesgo de cada uno de ellos y las acciones requeridas en cada caso. La normativa también establece que sería recomendable que el formato de los censos sea digital.
Los ayuntamientos que han solicitado estas subvenciones son Adamuz, Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Almedinilla, Almodóvar del Río, Añora, Baena, Belalcázar, Belmez, Los Blázquez, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Cardeña, La Carlota, El Carpio, Castro del Río, Conquista, Doña Mencía, Dos Torres, Encinas Reales, Espejo, Espiel, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, Fuente Tójar, La Granjuela, Guadalcázar, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Iznájar, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palenciana, Palma del Río, Pedro Abad, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Santaella, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo, La Victoria, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Villaralto, Villaviciosa de Córdoba, El Viso, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Zuheros, Algallarín (Adamuz), Castil de Campos (Priego de Córdoba) y Ochavillo (Fuente Palmera).
