Tras 13 años congelado, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado que el incremento del coste de la ayuda a domicilio, comenzará a aplicarse en el mes de marzo.
De esta manera, unas 32.000 trabajadoras del servicio en Andalucía empezarán a beneficiarse en su próxima nómina del incremento del 12,3% aprobado por la Junta de Andalucía, y que sitúa el coste de la hora en 14,6 euros frente a los 13 euros de los últimos años. «Pese a que son fundamentales para mantener el sistema del bienestar en Andalucía, estas trabajadoras han sido las grandes olvidadas durante años y ahora les vamos a dar el lugar que merecen», ha valorado.
Asimismo, ha subrayado que la subida del coste/hora del servicio después de más de una década estancado es una medida de justicia porque el sistema de dependencia y, especialmente la ayuda a domicilio, «está desempeñando un papel fundamental en esta pandemia», y alivia las condiciones de un colectivo clave y determinante en la atención de las personas mayores y las dependientes. La medida supondrá una inversión por parte de la Consejería de 61,5 millones de euros.
«La crisis sanitaria nos ha demostrado más que nunca que las personas son insustituibles, y esto se ha visto de forma muy clara en el ámbito de los cuidados». El compromiso de la Junta con la dependencia y la atención domiciliaria queda plasmado en los presupuestos andaluces para 2021, que incluyen la mayor dotación económica de su historia para este concepto, 1.609,1 millones de euros.
Novedades en el proyecto de Orden
Entre las novedades que incorpora el proyecto de Orden elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se incluyen nuevos artículos en referencia a los derechos de las trabajadoras. Así, por ejemplo, se excluye expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas.
Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal, se garantiza una organización del servicio que mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, buscando el equilibrio entre turnos de mañana y tarde para evitar jornadas fraccionadas y estando prohibida la realización de servicios de menos de una hora. Asimismo, se establece unos intervalos horarios de prestación preferente para personas usuarias que requieran atención especial como las postradas en camas o que precisen ayuda para levantarse y acostarse.
Además de la fiscalización del servicio por parte de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la nueva Orden contempla la mejora de la coordinación entre la entidad local y la prestadora por medio de la regulación de la figura de la persona coordinadora.
Por otra parte, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.
De esta forma y mediante otro tipo de medidas, se pretende evitar que el enfoque en los procesos de licitación someta a la adjudicación del servicio a la oferta económica más ventajosa. Así, por primera vez, el peso relativo de esta respecto al resto de los criterios de valoración de las propuestas no deberá superar el 45%. Asimismo, se reconoce la potestad de las entidades locales de complementar la financiación del servicio.
