FACUA Córdoba ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz tras las tres denuncias presentadas contra la U.T.E. Estación de Autobuses de Córdoba al haber transcurrido más de cinco meses sin que la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba haya dado ninguna explicación sobre la falta de seguridad, de información y de mantenimiento de las instalaciones
La asociación denunció la evidente falta de control en la citada estación, en la que se incumple el Pliego de Condiciones Técnicas que regula su funcionamiento. Uno de los incumplimientos más graves tiene que ver con las medidas de prevención para la seguridad de las personas. De hecho, FACUA Córdoba comprobó que algunas de las salidas de emergencia estaba cerrada con llave, lo que deja en evidencia la clara dejación de funciones de las administraciones competentes, que en este caso son la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda y la Dirección General de Movilidad, ambas dependientes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
FACUA Córdoba ha denunciado hasta en tres ocasiones ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, entre otras cosas, la falta de Información a los usuarios, la falta de mantenimiento de puertas y luminarias y el incumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de la estación de autobuses de Córdoba.
La U.T.E. Estación de Autobuses de Córdoba, que la gestiona desde 2013, está constituida por las empresas de transporte de viajeros Alsa, Sepulvedana y Socibús.
La asociación critica la falta de transparencia de la delegada Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Josefina Vioque, sobre las actuaciones llevadas a cabo, intervenciones y/o inspecciones realizadas, así como de las sanciones interpuestas o decisiones adoptadas contra la U.T.E.que gestiona la estación, pese a la gravedad de lo denunciado.
FACUA considera alarmante que cinco meses después de las denuncias aún no hay respuesta por parte de la Consejería, a pesar de haberla solicitado hasta en dos ocasiones.
Por este motivo, FACUA Córdoba ha trasladado su queja al Defensor del Pueblo Andaluz en base al artículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reconoce el derecho de esta organización a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesado.