En su reciente informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, en el que el Tribunal de Cuentas corrobora lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva años denunciando, que la Guardia Civil acumula múltiples carencias y deficiencias en infraestructuras, vehículos y medios materiales, así como que Interior discrimina a dicho cuerpo con respecto a la Policía Nacional.
Instalaciones viejas y en mal estado
En el informe se constata que “más del 55% de las casas-cuartel tienen más de 50 años, lo que afecta a su estado y a las necesidades de conservación”, advirtiendo que con demasiada frecuencia se tienen que activar “contratos tramitados por el procedimiento de emergencia que se producen con ocasión de incidentes en los edificios, fenómeno agudizado por el deficiente estado de conservación de muchas dependencias”. De hecho, entre 2021 y 2023 se tramitaron 67 contratos de emergencia por importe de más de 56 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que “las limitaciones presupuestarias dificultan financiar un plan de mantenimiento correctivo sostenido en el tiempo”. Y el resultado es que apenas el 49% de los acuartelamientos se encuentran en buen estado, mientras que el 37% se catalogan como “regular” y el 13% están en mal estado, pero la situación real es aún peor, porque el Tribunal de Cuentas detecta “incoherencias” en la información facilitada por la Guardia Civil, determinando que “el número de edificios en buen estado sería menor” porque “la información sobre el estado de conservación de los inmuebles carece de fiabilidad suficiente”.
Además, se ofrecen datos muy concretos que vienen a confirmar las continuas denuncias de AUGC: entre 2019 y 2024 se clausuraron 30 inmuebles por deficiencias graves, a los que se añaden 73 edificios con patologías graves; 45 edificios carecen de calefacción pese a ubicarse en zonas donde es necesaria, 316 no disponen de climatización (aire frío); en 716 edificios la zona de atención al público no está acondicionada para el acceso a personas mayores o con discapacidad física, en 353 no existe sala de espera o atención al ciudadano; el 24% de los aseos no están en buen estado; el 14% de las viviendas operativas son inhabitables o están en mal estado, y el 47% en estado “regular”; 38 edificios carecen de dependencias para la custodia de detenidos y en otros 11 están clausuradas por no reunir las condiciones necesarias.
Y otra clara muestra de la pésima gestión y planificación llevada a cabo por la dirección general de la Guardia Civil y por Interior es que, pese a contar con 117 inmuebles sin uso, solo siete de ellos están incluidos en el plan de ventas.
La situación en la provincia de Córdoba se ajusta plenamente a lo descrito en dicho informe, porque la mayoría de los acuartelamientos de la Guardia Civil repartidos por la provincia son demasiado antiguos y presentan un considerable deterioro, agravado por la falta de inversión. Las partidas presupuestarias para infraestructuras son insuficientes año tras año, por lo que se priorizan las actuaciones más perentorias y se dejan de lado muchas otras que son necesarias.
Discriminación en la flota de vehículos
El Tribunal de Cuentas constata que “persiste un porcentaje significativo de vehículos con antigüedad y kilometraje excesivo, particularmente de la Guardia Civil que opera con un parque móvil más envejecido que el de la Policía Nacional. Así, un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos”.
También deja constancia de que, a través del Plan de Eficiencia Energética, en el período de 2021 a 2024 se han adquirido 2.659 vehículos para la Policía Nacional y 1.599 para la Guardia Civil, más de mil unidades menos que para el otro cuerpo estatal, lo cual pone de manifiesto una vez más el trato discriminatorio que Interior otorga no solo a quienes componen la Guardia Civil, sino también a los ciudadanos de los municipios cuya seguridad es competencia de este cuerpo.
Además, en el informe se refleja que mientras que la Policía Nacional aumentó un 4,23% el número de vehículos en 2024 respecto a 2023, en ese mismo periodo la Guardia Civil perdió el 1,2% de su flota. Los turismos de la Policía Nacional se incrementaron un 7,09% y los de la Guardia Civil se redujeron un 2,86%. AUGC ya alertó hace unos meses que en 2024 se había reducido un 4% la flota de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba.
Pero no acaban ahí las diferencias, porque a final de 2024 el 35% de los vehículos de la Policía Nacional superaba los 100.000 kilómetros, mientras en la Guardia Civil el 47% de la flota está por encima de ese kilometraje. Así, en esa fecha el parque móvil de la Guardia Civil tenía una antigüedad media de 9,65 años, aunque en realidad era mayor, porque no se incluían los vehículos especiales, cuyo promedio era de doce años.
En la provincia de Córdoba la situación es aún peor, porque hace unos meses el parque móvil presentaba una media superior a los once años de antigüedad, a lo cual se añade que más de un tercio de los vehículos tenían más de 200.000 kilómetros recorridos, mientras que el 17% superaban los 300.000.
Y por si no fuera suficiente discriminación todo lo anterior, la inversión en vehículos nuevos de la Policía Nacional en 2024 fue de más de 60 millones de euros, mientras que para la Guardia Civil se ejecutaron algo más de 25 millones, por lo tanto 35 millones de euros menos que para el otro cuerpo estatal. En la provincia de Córdoba cayeron en picado las adjudicaciones, pasando de cuarenta nuevos vehículos en 2022 a solo diez en 2024.
El Tribunal de Cuentas destaca también que “la Policía Nacional utiliza en mayor medida vehículos en el marco de contratos de arrendamiento por considerarlo más eficiente para el servicio que prestan los vehículos (un 19% del parque frente al 8% de la Guardia Civil). Para vehículos con utilización muy intensiva, la alternativa del arrendamiento disminuye el coste en reparaciones y permite disponer de una flota más moderna”.
Por el contrario, la dirección general de la Guardia Civil se pronuncia desfavorablemente respecto a la utilización de vehículos de renting, a lo cual responde el Tribunal de Cuentas que “si se considera la antigüedad promedio y los kilómetros que recorren anualmente los turismos y todoterrenos de la Guardia Civil, se opera en un escenario en el que los costes de mantenimiento correctivo y preventivo se incrementan significativamente, por lo que las ventajas de la propiedad quedan en parte difuminadas, teniendo en cuenta además que mantener una flota de vehículos más moderna es más eficiente”.
Teniendo en cuenta todos esos datos, “la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad identificó en sus informes que la antigüedad y el kilometraje de los vehículos distaba de ser óptima para el servicio”. Y en el informe se advierte que el 90% de los informes de dicha Inspección elaborados entre 2021 y 2023 puso de manifiesto la existencia de incidencias relacionadas con los vehículos de la Guardia Civil: “unidades en malas condiciones de conservación o en servicio con su vida útil ampliamente superada”.
Y el Tribunal de Cuentas corrobora lo que AUGC lleva muchos años denunciando, que la Guardia Civil malgasta el dinero en reparaciones de vehículos que deberían ser dados de baja: “con frecuencia las necesidades del servicio han implicado que se repararan unidades en las que el algoritmo sugería no abordar la reparación del vehículo. Esta circunstancia se corrobora por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que en sus informes ha advertido que se han efectuado reparaciones de vehículos en condiciones antieconómicas”.
De hecho, en la provincia de Córdoba el excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque en 2024 se gastaron más de 322.000 euros en reparación y mantenimiento de los vehículos, acumulándose ya dos millones de euros invertidos por ese concepto en los últimos cinco años.
Además, el órgano fiscalizador también coincide con AUGC en que “el despliegue de un mayor número de vehículos de propulsión eléctrica se enfrenta a la limitada expansión de los puntos de carga en las dependencias de la Guardia Civil y, en general, en la red de carreteras de España, teniendo en cuenta además que el ámbito competencial de la Guardia Civil se extiende en el medio rural”. En la provincia de Córdoba, la gran mayoría de acuartelamientos carecen de puntos de carga.
La conclusión del Tribunal de Cuentas es contundente: “se recomienda abordar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo, que tenga en cuenta un equilibrio entre el número de vehículos en arrendamiento y en propiedad”.
Menos armas y más viejas
En el informe se pone de manifiesto que mientras que a primeros de 2025 la Policía Nacional disponía de 1.741 pistolas eléctricas, con previsión de alcanzar las 5.000 en 2028, la Guardia Civil apenas contaba con 407 armas de ese tipo, un 76% menos que el otro cuerpo estatal.
Y añade que en el periodo de 2021 a 2024 la Guardia Civil dio de baja un 66% de las armas largas y el 11% de las cortas, debido a su obsolescencia, advirtiendo que “el número total de elementos de armamento se ha reducido y además un número significativo de elementos era muy antiguo a 31 de diciembre de 2024: un 13% del total de elementos del parque de armamento procedía de adquisiciones anteriores al año 2000 y solo un 18% es posterior a 2010; el 49% de los fusiles de asalto se correspondían con unidades anteriores a 1990”.