España es un país de pícaros, desde que en el Siglo de Oro se pusiera de moda la novela picaresca ésta nos ha acompañado desde el Lazarillo de Tormes, hasta el más moderno Manolo “el moroso” de la 13 Rue del Percebe que leímos en los TBOS de nuestra niñez. Y la verdad es que el pícaro tiene su gracia, incluso a veces es arropado por la sociedad cuando se interpreta que su causa es justa.
Hoy venimos a hablar de los pícaros modernos, esos que dejan caer algún título universitario de más en su currículo. Esos y esas, seamos paritarios también en lo irregular, a los que un día llama su amigo/a, que ha conseguido un cargo público tras unas elecciones, y le dice que necesita a alguien de confianza y que se ponga las pilas porque tiene que ser él o ella.
Los “dediles” como se conocen en la administración a los que son asignados a dedo, con el único mérito de pertenecer a un partido o ser amigo/a de tal cargo, legalmente están sometidos a los principios éticos y de conducta en las mismas condiciones que los demás empleados públicos, sin embargo el régimen disciplinario no le es de aplicación, este solo es válido para funcionarios y personal laboral, aquellos que se han ganado su plaza mediante un procedimiento de selección público y competitivo, curioso cuanto menos.
Si hablamos de delitos (prevaricación, cohecho, tráfico de influencia, etc.) técnicamente no le son de aplicación porque en realidad no tienen poder de decisión, su función suele ser de asesoramiento a cargos públicos, por lo que no están sometidos a la tipicidad de estos delitos. Sin embargo, el hecho de estar en la órbita de altos cargos públicos, necesariamente lleva a tener conocimientos de actividades que pueden ser muy lucrativas, una recalificación de terrenos, o una información reservada de una empresa que va a contratar con el Estado y va a hacer que suba su cotización en bolsa, pueden ser muy tentadoras.
Ahora bien, me pregunto, no hay una cierta estafa a la sociedad en el momento que alguien adquiere un cargo en el que se supone que debe tener una formación específica. Tiene sentido que un asesor del responsable de sanidad de una comunidad autónoma sea un profesional de otra disciplina. Qué pueden asesorar realmente estas personas.
Algo que es totalmente impensable en una empresa privada, el hecho de descubrir que se ha metido un título falso en una entrevista de trabajo, aunque me consta que cualquier empresa seria investiga a los posibles candidatos cuando el cargo es de una cierta importancia, permitimos que se haga en la “empresa” pública, de la que todos y todas somo “accionistas”, saliendo de nuestros impuestos los sueldos de estas personas que, en el fondo, nos han estafado.
Quizás es hora de empezar a pedir responsabilidades, no solo a los que han accedido a ese puesto, también a los cargos que han consentido que esas personas hayan estafado a la sociedad.
