Tras la declaraciones realizadas el lunes por parte de la delegada de salud en Córdoba María Jesús botella, en referencia al transporte sanitario desde CTA queremos puntualizar algunas de sus declaraciones:
- Es cierto que hay muchos problemas con la empresa adjudicataria SSG denunciados ante la Inspección de Trabajo y Juzgados de lo Social de Córdoba en relación con el cumplimiento del convenio y fruto de todas esas denuncias ya tenemos sentencias favorables a los trabajadores, en materia de subrogación (personal no subrogado).
- Derechos adquiridos ya reconocidos por la empresa mediante vía judicial.
- Vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la empresa, también vía judicial remuneración (en cheques) a los trabajadores en situación de IT.
- Reconocimiento al derecho al cobro de la tercera paga extraordinaria reflejada en el artículo 21 del IV convenio Andaluz del Transporte Sanitario.
- Solapamiento del descanso semanal de 48 horas antes del siguiente turno semanal.
- Incumplimiento de la cadencia en la entrega de ropa laboral «epis» según el artículo 49 de nuestro convenio.
No es cierto que toda esta problemática sea solamente entre empresa y trabajadores puesto que estamos hablando de un contrato público adjudicado por el SAS perteneciente a la Junta de Andalucía y acogido a la Ley 9/2017 de Contratos del servicio público.
Por lo cual tanto la delegada de salud en Córdoba María Jesús Botella, como la consejera de Salud de la Junta de Andalucía Catalina García, la mesa de contratación del Hospital Reina Sofía y la mesa de seguimiento de la adjudicación del contrato son responsables civiles subsidiarios de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos Públicos ya que todos ellos son responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento de la licitación así como del cumplimiento de toda las condiciones laborales de los trabajadores en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo, Prevención de Riesgos laborales y condiciones salariales.
Por todo lo anteriormente expuesto CTA no admite que la delegada de Salud María José Botella se inhiba de su deber político en este conflicto y se lo achaque a la Inspección de Trabajo solamente, queriendo así no asumir su compromiso «por la cual cobra y muy bien por
cierto» y si no es capaz de actuar dimita a la mayor brevedad posible puesto que ni los trabajadores, usuarios del servicio de ambulancia ni la totalidad de los ciudadanos de la provincia de Córdoba merecemos una delegada de salud que no admita su responsabilidad.
