Ante la crisis sobrevenida del Covi19 la CEOE pide medidas de adaptabilidad, seguridad jurídica y fiabilidad para las empresas en el marco del diálogo social
La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19.
Sus consecuencias en España son ya evidentes, con un impacto extraordinariamente elevado en la actividad empresarial, obligada a cesar por decisiones gubernamentales derivadas de la necesaria contención de la pandemia lo que, en el mes de abril, se traduce en un incremento de la cifra de desempleo de casi 283.000 personas, un 7,97% más, situando el desempleo en 3.831.203 personas afectadas.
Pese a lo anterior, los datos de afiliación reflejan una estabilización en el empleo, con 49.074 afiliados menos, datos en modo alguno comparables con la vertiginosa caída del mes de marzo, cuya principal causa puede atribuirse al recurso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que están actuando como malla de contención tanto del tejido empresarial como del empleo, evitando consecuencias irreversibles en un momento crítico desde el punto de vista sanitario y con previsiones económicas muy negativas a futuro.
De hecho, a 30 de abril 3.386.785 afiliados están protegidos por un ERTE, de los cuales 3.074.462 se encuentran afectados por un ERTE de fuerza mayor.
A diferencia de otras crisis de carácter económico, esta, de origen sanitario, está afectando de manera muy desigual a empresas y sectores y su salida se prevé igualmente desigual, muy condicionada por las restricciones adoptadas por razones sanitarias nacionales e internacionales, incluidas las limitaciones de movilidad.
Los sectores más afectados en el mes de abril son los servicios, con clara repercusión en la ocupación en hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares y comercio.
El objetivo principal de CEOE es la reversibilidad de los efectos sociales y económicos, cuestión que, en buena medida, va a depender de la rapidez y eficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y también de la planificación en cuanto a las restricciones sanitarias y de movilidad que están condicionando el restablecimiento de la actividad productiva ordinaria.
Para avanzar en el proceso de desescalada, con la menor incidencia posible sobre el tejido empresarial y el empleo, resulta imprescindible articular, en el marco del diálogo social, medidas que se ajusten a las actuales circunstancias, aportando adaptabilidad, seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores.
Paralelamente, para dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias con garantías jurídicas, se impone la flexibilización del marco laboral con estricto carácter coyuntural.
En este contexto es prioritario flexibilizar el uso de los ERTEs y prolongar su utilización, trascendiendo al período de alarma, y facilitar la adaptación de las condiciones para la prestación laboral, con el fin de contribuir a la recuperación, que va a ser gradual, evitando con ello consecuencias graves y duraderas sobre el empleo.
