Asaja Córdoba ha puesto de manifiesto el riesgo que corren todos los agricultores y ganaderos ante la legislación sobre utilidad pública en parques fotovoltaicos. Y es que la aplicación de la normativa estatal, que favorece las energías renovables sin contemplar el impacto sobre el sector primario, tanto como productores de alimentos como conservadores de paisajes y ecosistemas únicos, está permitiendo que explotaciones agrarias rentables sean desmanteladas legalmente para dar paso a proyectos energéticos, “dejando a los agricultores en una injusta posición de total vulnerabilidad”.
Esta situación supone una amenaza de desmantelar explotaciones agrarias activas y viables para dar paso a nuevos proyectos “sin garantizar un proceso de negociación transparente y justo”.
La organización agraria afirma que el problema no radica en la implantación de energías renovables, sino “en la falta de un procedimiento justo que garantice el diálogo y el consenso con los propietarios afectados” porque, en muchos casos, “los agricultores se ven obligados a aceptar compensaciones mínimas, muy alejadas del verdadero valor de sus tierras y de la rentabilidad que generan sus explotaciones”. Si se oponen, añade Asaja, se enfrentan al riesgo de una expropiación forzosa, un mecanismo que, “lejos de proteger sus derechos, los sitúa en una posición de inferioridad absoluta frente a las empresas promotoras”.
Asaja considera que el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa deben respetarse en todo caso. De esta manera, si un agricultor o ganadero decide libremente optar por implantar un parque fotovoltaico en su explotación, tiene que apoyarse esa decisión. Pero, lo que no es admisible, es que se le expropie su finca para ello sin su acuerdo expreso y sin su consentimiento.
Por ello, Asaja considera inaceptable que “los mecanismos de utilidad pública sean utilizados para favorecer intereses a costa del sector agrario, que desempeña un papel fundamental en la economía rural, en la fijación de población en el territorio, en la producción de alimentos y en la conservación de paisajes y ecosistemas únicos”, por lo que considera imprescindible que las administraciones revisen con urgencia estos procesos y establezcan medidas que garanticen la defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos y del papel que desempeñan para el conjunto de la sociedad.
Desde la organización agraria se exige a las administraciones competentes que revisen de inmediato estas declaraciones de «utilidad pública» y se protejan los derechos de los agricultores y ganaderos. Asimismo, insta a un diálogo transparente entre todas las partes implicadas para alcanzar soluciones justas y equitativas, sin perjudicar a quienes llevan años dedicándose a la actividad agraria y ganadera en la provincia.
Por último, Asaja insta a reflexionar si es razonable utilizar las mejores tierras de cultivos, que producen alimentos, que es la primera necesidad de las personas y, sin embargo, no se autoricen parques fotovoltaicos en zonas poco productivas por el sólo hecho de estar catalogadas como terrenos forestales.
