El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha aplaudido el trabajo realizado por la comisión parlamentaria sobre el Proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, una norma «histórica» que ultima ya su tramitación en la Cámara. Marín ha apelado a los grupos para sacar esta ley «por unanimidad, lanzando un mensaje unívoco de que Andalucía ha dejado atrás los años de escándalos diarios y hay una voluntad firme de evitar que en el futuro se repitan esas malas prácticas que tanto daño han hecho a la imagen de la comunidad y han mermado la confianza de los andaluces en sus instituciones».
La Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha aprobado el dictamen al texto sin ningún voto en contra, por lo que el Proyecto de Ley se encuentra ya en su fase final y en breve llegará al Pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.
El vicepresidente andaluz ha recordado que la lucha contra la corrupción es «un compromiso político que está en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs y que volvimos a reeditar recientemente en el pacto de estabilidad que hemos suscrito».
El Proyecto de Ley, que contempla la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción adscrita al Parlamento para garantizar su independencia, ha recibido el aplauso de sindicatos, empresarios, Fiscalía Anticorrupción, el TSJA o el Defensor del Pueblo Andaluz, quienes hicieron sus aportaciones en la comisión parlamentaria y valoraron la creación de este instrumento.
Igualmente, en el trámite parlamentario, el texto se ha enriquecido con el debate entre los grupos parlamentarios, cuyo trabajo ha agradecido Marín al tiempo que ha apelado a su compromiso para que «esta ley pueda ser aprobada por unanimidad con el consenso de todo el arco parlamentario como prueba de la voluntad firme de erradicar la corrupción de Andalucía«.
La oficina contra el fraude que contempla la norma estará integrada por funcionarios y dirigida por una persona de reconocido prestigio, nombrada por una mayoría cualificada de la Cámara andaluza.
Podrá investigar de oficio o previa denuncia la actuación no solo de la Junta y sus entidades instrumentales, sino de ayuntamientos, universidades, órganos de la comunidad como el Defensor del Pueblo y cualquier persona u organización que haya recibido fondos públicos de la Administración andaluza.
Tendrá capacidad sancionadora, con multas que pueden oscilar entre los 300 y los 100.000 euros en función de la gravedad de las infracciones, como ignorar sus recomendaciones, fallos en la custodia de documentos o la coacción al denunciante o al personal de la propia oficina u obstruir su investigación.
No viene a suplir las competencias en materia de control fiscal de la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, sino a sumar y a colaborar con los órganos judiciales, ya que ante cualquier indicio de delito lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía.
Para Marín, «uno de los aspectos más importantes de la norma es que ofrece protección a quien denuncie para evitar represalias como las que muchos han vivido por sacar a la luz casos de corrupción», con especial atención a los funcionarios y empleados públicos de la Junta, que incluso tendrán derecho a ser trasladados a otro puesto del mismo nivel.
El texto también modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos para, entre otras cosas, impedir que sean titulares o autorizados en cuentas en paraísos fiscales y legislar, algo que este Gobierno ya está aplicando de facto, como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La oficina contra el fraude asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía de independencia en el control.
«Es una norma ambiciosa para dotar a Andalucía de herramientas que impidan actuaciones que en el pasado nos han indignado y avergonzado, y forma parte de un compromiso más amplio de regeneración emprendido por este Gobierno y, en especial, desde la Consejería que dirijo a través de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, junto a medidas como la profesionalización de los directivos de las empresas públicas, los planes de transparencia, la futura Ley de Evaluación de Políticas Públicas o el Código de Buen Gobierno en el que estamos trabajando», ha concluido Marín.
