La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ve con buenos ojos la Ley contra la sequía y exige al Gobierno “urgencia y presupuesto”
La Ley contra la sequía, aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados, ha sido recibida positivamente por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Los agricultores y ganaderos esperan «ansiosos» un plan de medidas «ambicioso y urgente», dotado con un presupuesto suficiente. “Hay medidas importantes en lo aprobado ayer por el Congreso, ahora sólo esperamos que se aplique con urgencia y con presupuesto suficiente”, señalan desde UPA.
16 de febrero de 2018. La organización profesional agraria UPA ha valorado positivamente la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, y ha exigido al Gobierno “urgencia en su aplicación y una dotación presupuestaria adecuada”.
La gravedad de la sequía que afecta a nuestro país desde hace unos años, y con una grave incidencia en 2017, está ocasionando importantes pérdidas económicas a los agricultores y ganaderos en prácticamente todos los sectores y a lo largo de toda la geografía, situándose en muchos casos en los límites de su viabilidad.
En este contexto, dicha Ley ha sido recibida con “satisfacción y esperanza” desde UPA, ya que supone la adopción de medidas en cualquier parte del territorio nacional afectado por situaciones de sequía y con el respaldo de importantes asignaciones económicas para desarrollar las diversas actuaciones contenidas en la Ley.
Dentro de las medidas incluidas en la citada Ley, UPA ha destacado por su importancia para el sector agrario:
- Un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía con una asignación desde el Presupuesto del Estado de un importe fijado en 1.000 millones de euros y destinado a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía.
- La ampliación de la dotación del Plan de Seguros Agrarios, para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación.
- El establecimiento de una línea de préstamos de mediación del ICO por un importe global de 1.000 millones de euros.
- La exención de la cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación
- Reducciones fiscales especiales (módulos) parta las actividades agrarias
- La exención del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica
- La fijación de un precio máximo para el agua desalada destinada a riego fijado en 0,3 euros/m3
- La creación de un Banco Público al objeto de posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público.
- El establecimiento de un contrato de acceso para regadío que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
Una vez aprobada la Ley, UPA ha reclamado al Gobierno urgencia en la aplicación de estas medidas, el respaldo presupuestario que conlleva (Fondo Extraordinario, préstamos ICO, incremento del Plan de Seguros, etc.) y el desarrollo y concreción de la puesta en marcha aplicando criterios sociales hacia los potenciales beneficiarios y con la participación de las organizaciones profesionales agrarias.
